La noche el martes 11 de julio del año 2006 quedó grabada en la memoria de todos los habitantes de las localidades ribereñas al río Bío Bío: un fuerte temporal -considerado como el más grave de los últimos 30 años en Chile- se dejaba sentir hace unos días en diversas regiones del país, afectando, eso sí, con mayor severidad a la región de Bío Bío.Interrupción de servicios básicos, colapso desistemas de alcantarillados, cortes de carretera, viviendas completamente anegadas, destrucción de cultivos, desplazamiento de tierra, así como desbordes de ríos, esteros y canales, inundaciones en diversas localidades y, lo que es aún peor,21 personas fallecidas y más de 51 mil damnificados fue el saldo que en la región dejó el intenso temporal, a lo que se sumó las deficiencias en las operaciones de la Central Ralco por parte de Endesa, lo que vino a empeorar el complejo panorama.
La responsabilidad de Endesa en los hechos fueratificada hace unos días por la Corte Suprema, a través de un recurso de casación que estableció que Endesa tenía claras y concretas obligaciones, las cuales estaban establecidas en un Estudio de Impacto Ambiental, en el cual la generadora se comprometía a morigerar las crecidas, inclusive las milenarias, del río Bío Bío, a través del manejo de las compuertas de la central,lo cual a todas luces no hizo,y por ello la Corte estableció su responsabilidad en los hechos,con lo cual Endesa deberá cancelar más de $1.600 millones de pesos a seis agricultores de Bío Bío que lograron prosperar en sus demandas.
Es así como la consideración de dicho Estudio de Impacto Ambiental abre una arista que habla de un círculo de irregularidades, negligencias y omisiones generados por entidades de la época como la Conama -actual Ministerio de Medio Ambiente- dirigido en ese momento por Ana Lya Uriarte, actual jefa degabinete de la Presidenta Michelle Bachelet; y el Ministerio de Obras Públicas,encabezado por Eduardo Bitrán, quien actualmente se desempeña como director nacional de Corfo. Esto, porque el informe elaborado entonces por ambas entidades, que eximia de culpas a Endesa, queda en virtud de los hechos completamente desmentido tras la última decisión de la Corte Suprema.
La pregunta que inmediatamente surge es cuál fue el motivo que llevó a que estas entidades no tomaran en consideración el Estudio de Impacto Ambiental que establecía las reales responsabilidades de Endesa ante una crecida del Bío Bío.Es por ello relevante que las autoridades de la época, quienes además se encuentran en ejercicio de labores en la actualidad,expliquen claramente a la ciudadanía las razones por las cuales no se fiscalizó ni se informó correctamente a distintos órganos del Estado, como la Cámara de Diputados, Juzgado de Santa Bárbara y Corte de Apelaciones de Concepción -quienes solicitarontanto a la Conama como al Ministerio de Obras Públicas- dicha información, la cual era básica para la investigación y para el futuro de las indagatorias.
Seguramente para muchas personas que se vieron afectadas por los hechos ocurridos hace ya nueve años,queda el sinsabor y el desamparo de saber que perdieron a sus seres queridos, que vieron cómo en cosa de minutos sus hogares, enseres, cultivos y empresas eran arrasados por el colapso el río Bío Bío, sin tener en la mayoría de los casos un responsable que se hiciera cargo de lo ocurrido.
Sin duda, las responsabilidades de Endesa establecidas por la Corte Suprema logran traer un consuelo que, obviamente, no aminora los trágicos acontecimientos de ese 11 de julio de 2006. Lo que sí,esta resolución abre el debate sobre las responsabilidades de entidades de la época, como la Conama y el Ministerio de Obras Públicas y quienes las encabezaban, respecto al cumplimiento de sus funciones deinvestigar y fiscalizar las acciones desarrolladas por Endesa, hecho que, sin duda, abría marcado un antes y un después para todos los afectados, víctimas que en silencio aún esperan por una respuesta.
Víctor Pérez Varela
Senador de la República