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Sin duda, el país está experimentando una crisis marcada por la desconfianza y la falta de credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades e instituciones, situación en la cual se debe avanzar a través de mecanismos y acciones concretas, orientadas y dirigidas a lograr altos estándares en materia de probidad y transparencia.
En este sentido, hay dos vías que resultan fundamentales, como lo es avanzar, en primer término, en los casos de irregularidades e ilícitos que han sido denunciados y que están en conocimiento de la Fiscalía, los cuales se deben investigar con rigurosidad, con prontitud y ser sancionados de acuerdo a la ley; y, en segundo término, está el lograr progresar en una legislación que promueva más estándares de transparencia y que sea absolutamente fiscalizable, no sólo por los órganos públicos, sino también por la ciudadanía.
Estos ámbitos ponen de manifiesto un área que es central y que a todas luces marca el sentir ciudadano, que es el acceso a la información pública. Esto, porque todas las personas deben tener la posibilidad y el derecho de acceder a ella. De hecho, en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado estamos analizando un proyecto para posibilitar que los ciudadanos tengan acceso a todas las resoluciones y actividades del Estado con mucha mayor facilidad y flexibilidad, lo cual, además, se podría amplia a áreas como el acceso a los correos institucionales de las autoridades, como una forma de que las personas puedan acceder y comprender los fundamentos y las razones por las cuales las autoridades resuelven de una determinada manera algún asunto de carácter público.
Además de lo anterior, un ámbito esencial es consolidar una legislación de financiamiento de la política, la cual debe ser transparente y fiscalizable, a lo que se debe sumar un fortalecimiento de las facultades que tiene el Servicio Electoral (Servel), con el claro objetivo de que la entidad pueda fiscalizar eficientemente el origen de los recursos y cómo estos son utilizados por cada uno de los partidos y los candidatos, situación que debe ser absolutamente pública y de conocimiento de la ciudadanía, obligando, con ello, tanto a los partidos como a los candidatos, que tengan mecanismos de información orientada a la ciudadanía.
Lo relevante de consolidar una legislación estricta -de la cual hoy carecemos- es que la ciudadanía comience poco a poco a recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones y autoridades, aspectos primordiales para que el país pueda avanzar y desarrollarse. De no ocurrir esto, Chile va a entrar en un camino que es más oscuro que claro, en un camino que es más pedregoso que fluido, por lo cual es una responsabilidad política avanzar y revertir esta difícil situación actual.
Junto a lo anterior, estamos trabajando por establecer un límite en la reelección de las autoridades, lo cual tiene por objetivo que la calidad impere en la política, con lo cual la ciudadanía sabrá que a sus autoridades las eligen por un determinado período, que puede fluctuar en una reelección para los senadores, dos o tres para los diputados, igual que para los alcaldes, etc. Con esto, la autoridad electa tendrá claro que su período tiene un límite, para que verdaderamente pueda hacer una gestión de calidad y en beneficio de la ciudadanía.
La situación actual demuestra que las personas esperan que la política ejerza su vocación esencial, que es servir a la ciudadanía, y en eso las normas que la regulan tienen que contribuir a que ello sea exigible por todos y cada uno de los habitantes del nuestro país. El trabajo ahora está orientado a contribuir a que en Chile impere la probidad y la transparencia, con el objetivo de recuperar la confianza y credibilidad de la ciudadanía.
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