No hay mucha salida de esta crisis

Gabriel Hernandez Velozo

Federico García Larraín
Licenciado en Filosofía
Universidad de los Andes

Si bien los que han cometido los delitos tienen el poder de absolverse o de ignorar lo que han hecho (es cosa de ver el comportamiento del Servicio de Impuestos Internos), la mayoría que otorga el poder mediante el voto no está dispuesta a perdonar.

Si sólo una persona –o unas pocas–  quebrantan una ley, tenemos un crimen. Si lo hacen todos –o casi todos–  tenemos una crisis. Puede ser que la ley sea inadecuada (cuando la ley quiebra a los ciudadanos, los ciudadanos quebrantan la ley) o que la población sea depravada. No es que esta crisis abarque a toda la población, pero sí a muchos (¿casi todos?) de los que tienen que ver con el financiamiento de las campañas políticas, que es el primer ámbito de la crisis.

Para salir de una crisis se puede aplicar la ley a rajatabla, caiga quien caiga, y eso suele implicar que van a caer casi todos, o se puede mirar para el lado. Lo primero sólo beneficiaría a los pocos que esperan salir libres de polvo y paja, y para hacerlo se requiere de una gran fuerza que respalde a la autoridad. Generalmente se prefiere lo segundo: estamos en democracia y las leyes las hacen las mayorías; y en este caso es aún más cierto que quienes han cometido los delitos son los que hacen las leyes. Por lo demás, cuando nadie obedece las leyes se produce un colapso del sistema, la mayoría le dobla la mano al orden: una crisis social. El financiamiento de las campañas políticas no es el único lugar donde pasa esto, es cosa de ver la copia en el ámbito académico o el consumo de marihuana. Los hechos se imponen y la autoridad es impotente para hacer valer la ley para todos por igual.

En nuestro caso se produce una situación curiosa: si bien los que han cometido los delitos tienen el poder de absolverse o de ignorar lo que han hecho (es cosa de ver el comportamiento del Servicio de Impuestos Internos), la mayoría que otorga el poder mediante el voto no está dispuesta a perdonar. Pero esa mayoría no tiene los medios o a quien dirigirse para resolver la crisis. Se produce una tensión entre dos elementos que se necesitan mutuamente, pero que no se soportan. La clase política asumió que la ley era inadecuada y prefirió ignorarla antes que declarar su opinión de la misma, y la ciudadanía asume que la clase política es depravada. No está claro quién tendrá la última palabra. En Chile nunca pasa nada hasta que pasa algo.

Pero las raíces de la crisis llegan más hondo: las leyes no son lo más importante; para que se sostengan, y con ellas la sociedad, es necesaria la voluntad general de obedecerlas y la voluntad de la autoridad de hacerlas cumplir, sobre todo cuando se producen las primeras infracciones. Sin eso, de nada valen. Es decir, la sociedad depende de un sustrato moral previo a las leyes, y nuestra sociedad evita, precisamente, definir lo bueno y lo malo, relegando lo moral a la subjetividad. Lo que queda en común, entonces, es muy poco.

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