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La agenda parlamentaria que nos ha dado enero es, quizá, el corolario perfecto del año legislativo más relevante desde la llegada de la democracia en 1990. Por nuestro Parlamento, en casi 11 meses, han pasado los proyectos de ley más transformadores que Chile haya tenido la oportunidad de darse a sí mismo desde hace mucho tiempo. Y eso es motivo de orgullo no sólo para nosotros los parlamentarios, sino que debe serlo para todos y cada uno de los chilenas y chilenos.
Nuestra Presidenta señaló en su programa de Gobierno, que también es necesario iniciar una nueva etapa en la política de género de nuestro país, de manera de garantizar e integrar adecuadamente los derechos de las mujeres y avanzar decididamente hacia una mayor equidad entre hombres y mujeres.
Por esto es que desde un comienzo se dijo al país que era necesaria la creación de un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y además una reformulación del Servicio Nacional de la Mujer. Y así se ha hecho. Esto, no es más que dar cumplimiento una vez más a lo que se dijo en campaña, al fragor del debate y la discusión política.
La institucionalidad que promueve el desarrollo de políticas públicas en favor de la mujer ya tuvo una importancia creciente en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ello obedece a un fundamento claro que va más allá de la convicción política. Nosotros como país hemos suscrito la Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la cual fue aprobada en 1979 por la Organización de Naciones Unidas y ratificada por nuestro país en el año 1989.
En este instrumento internacional, los Estados partes se comprometen a tomar todas las medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos, garantizando a las mujeres la igualdad de condiciones para participar de las elecciones, en la formulación de políticas públicas y en organizaciones de la vida pública y política del país.
El proyecto crea el Ministerio de la Mujer, institución que viene a reemplazar el actual SERNAM. La nueva entidad podrá proponer medidas, planes y programas de carácter permanente, destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres.
Lo anterior no resulta fácil si se piensa que es un hecho cultural que requiere primero un aprendizaje cívico, y el cual puede ser lento, pero hoy ineludible.
Hay autores que señalan que el género es una categoría emergente para dar cuenta de la construcción social que ha transformado las diferencias entre los sexos en desigualdades sociales, económicas y políticas. Nada más cierto que esto.
El género es la edificación de un discurso que pone un ladrillo más en la ideología de la desigualdad, la cual crea discursos y dispositivos que operan en favor de las diferencias que hacen inviables transformaciones en favor de personas que cumplen iguales funciones, o a lo menos, equivalentes.
En su artículo 3°, el proyecto determina las funciones y atribuciones que el Ministerio tendrá en especial: proponer a la Presidenta de la República políticas, normas, planes, programas e iniciativas legales y administrativas orientadas a la equidad de género e igualdad de derechos. El Ministerio promoverá la protección de la maternidad, el desarrollo integral de los hijos, el cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, entre otras.
En la organización interna del Ministerio, propone que además de contar con una Subsecretaría, existirán Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS), un Comité Interministerial para la Igualdad de Oportunidades y un Consejo Asesor. El proyecto también establece el Fondo para la Equidad de Género y fija las normas para su regulación por un reglamento. También se establece la forma en la que será el continuador legal del SERNAM, en las materias que pasan a ser competencia del Ministerio.
En definitiva, el proyecto de ley adecúa las normas al nuevo diseño del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Se establece que el servicio se relacionará con la Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y no a través del Ministerio de Desarrollo Social, como ocurre hoy, y que estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública. Además, el proyecto establece las nuevas funciones y atribuciones del Servicio, en concordancia con las entregadas al Ministerio y realiza las adecuaciones para distinguir entre ambos niveles.
Acá, las Políticas de Estado son los derroteros por los que atravesarán las probables decisiones y mejoras del futuro, y en tal sentido es imperioso dar hoy estos pasos en favor de las mujeres de nuestro país.
La única manera de resolver los problemas de género, que se esconden no sólo en el lenguaje sino en todo el andamiaje institucional y legal chileno, es con iniciativas mediante las cuales estos discursos que generan la desigualdad política, económica y social, decaigan en favor de nuevos escenarios y de nuevos progresos para las mujeres de nuestro país, medidas que sin duda irán en favor no sólo de ellas sino que de todos y cada uno de los habitantes de nuestro Chile.
Roberto Poblete Zapata
Diputado de la República.
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