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Opinión

Ley Ricarte Soto espera compromiso transversal para su aprobación


 Por La Tribuna

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Pocos meses antes de fallecer producto del cáncer, el conocido periodista chileno Ricarte Soto Gallegos, lideró un multitudinario movimiento ciudadano que puso en la agenda de los medios y en las conversaciones de todo nuestro país, el padecimiento de las familias que deben que financiar de manera particular tratamientos médicos de alto costo.
La llamada “Marcha de los enfermos”, en mayo de 2013, sin duda nos conmovió como país. Tanto así que durante el Discurso Presidencial del 21 de mayo pasado, la Presidenta Michelle Bachelet realizó el esperado anuncio de la creación de un Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo, que llevaría el nombre del fallecido comunicador. Hace pocos días, nuestra mandataria firmó el Proyecto de Ley para ser enviado a trámite en el Congreso, iniciativa que, de ser aprobada, permitirá cubrir el costo de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, que no estén cubiertas por el sistema de seguros de salud públicos y privados.
Este gran paso en materia de salid pública contará con una cobertura universal y para acceder al él, los pacientes cuyo tratamiento se encuentre contemplado por esta ley, serán notificados del beneficio por su médico tratante. Los usuarios de Fonasa A y B estarán exentos de pago y aquellos de los grupos C y D, además de los pertenecientes a Isapres y FFAA, tendrán cobertura financiera igual a la del GES.
En la actualidad, los recursos de Fonasa para este tipo de tratamientos son de 17 mil millones de pesos con los cuales se beneficia a 1.800 pacientes. De ellos, aproximadamente 1.700 corresponden a Patologías Complejas de Alto Costo y otras 100 a enfermedades poco frecuentes. A través de la Ley Ricarte Soto, se espera llegar a cubrir las necesidades casi 20 mil enfermos al 2018.
El Fondo se conforma gracias a un importante aporte fiscal, que considerará inicialmente $50.000 millones para el año 2016, $50.000 millones adicionales en el 2017 y a $100.000 millones en el 2018, monto que comenzará a entregarse de manera permanente a partir de ese año.
La instancia contempla que los tratamientos sean entregados a través de una red de prestadores aprobados por el Ministerio de Salud de acuerdo a su calidad técnica, considerando aspectos médicos, económicos, sociales y su seguridad. Los medicamentos, elementos de uso médico y alimentos serán adquiridos por la Cenabast.
Cada tres años se entregará un listado de nuevos tratamientos para el Fondo, pero en casos excepcionales se podrá emitir un nuevo decreto antes de dicho plazo. El Ministerio de Salud analizará todos los casos que se le informen requiriendo un tratamiento de alto costo y entregará respuesta pública al respecto. También se considerará la opinión de una comisión ciudadana, en la que participarán los representantes de las organizaciones de pacientes.
Ciertamente aquella frase de Soto, “los enfermos no pueden esperar”, es un llamado del que acusó recibo el gobierno y ahora esperamos que de manera unánime los legisladores de todos los sectores políticos sientan esta urgencia. Muchos chilenos y chilenas esperan una oportunidad a través de esta iniciativa cuyo beneficio es transversal a toda la sociedad.
Para finalizar, rescato las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet en las que señala que aprobar esta nueva normativa “implica un cambio de mirada, pasar de la solidaridad privada, a la solidaridad de la sociedad completa. Porque creer que cada uno se salva como puede, es negar aquello que constituye la base de nuestro pacto social: cuidarnos, protegernos y promovernos unos a otros”.

Luis Barceló Amado
Gobernador provincial de Bío Bío

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