Señor director:

El egoísmo con que se manejan las relaciones internacionales, en especial en aquellos tópicos que involucran los intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no encuentra un mejor ejemplo que el análisis de la situación de Palestina. Lo anterior en virtud del férreo vínculo que existe entre el Estado de Israel y los EE.UU.

Antes de finalizar el año, la Autoridad Nacional Palestina, y con el objetivo de alcanzar un reconocimiento pleno como Estado, realizó un llamado al Consejo de Seguridad en aras de poner freno a una vergonzosa injusticia. No obstante, y entendiéndose que se requerían 9 votos positivos y que ningún miembro permanente votara en contra, los 8 que consiguió la aspiración Palestina, y el veto de los EE.UU., imposibilitaban su reconocimiento.

Ante ello, y producto del cansancio que provocan negociaciones que retardan las discusiones de fondo respecto a la situación del pueblo palestino, y sobre todo por la desconfianza que hay en que la institucionalidad del Consejo de Seguridad pueda ser un camino que ayude al reconocimiento de Palestina, fue que la Autoridad Nacional Palestina firmó el Estatuto de Roma, instrumento jurídico que da competencia a la Corte Penal Internacional para que investigue y sancione, a través de responsabilidades individuales, los crímenes más atroces que la comunidad internacional conoce, y en que los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la agresión, y los crímenes de guerra, forman parte de ese catálogo.

De esta forma, el gobierno de Israel ha hecho un llamado para que la Corte Penal Internacional no atienda el llamado de la Autoridad Nacional Palestina aduciendo que Palestina no es un Estado y que, por lo tanto, la solicitud no puede ser acogida, desconociendo con su argumento que la Autoridad Nacional Palestina es el representante legítimo del pueblo palestino y que Palestina fue reconocido como Estado observador por la Asamblea General de Naciones Unidas, pudiendo en consecuencia firmar acuerdos internacionales.

Ante ello, y atendiendo a que se cumplen los requisitos para que la Corte Penal Internacional pueda conocer e investigar de acciones que pudieran ser consideradas crímenes en los que el Alto Tribunal tiene competencia, la acción de la Autoridad Nacional Palestina, además de buscar justicia, tiene por objetivo establecer una nueva herramienta de negociación de cara a un sistema que es egoísta y que obliga a instrumentalizar las instituciones defensoras de los derechos humanos.

Pedro Díaz Polanco

Director Ciencias Políticas y Gestión Pública

Universidad San Sebastián