La tentación de financiar proyectos postergados con deuda que abre la nueva Constitución

El 2010, es decir, hace más de una década ya, el Estadio Municipal de Los Ángeles tuvo su última modernización mayor.

Se renovó la pista atlética, que hasta entonces era de ceniza.

Sí. Ceniza.

Un material que el Comité Olímpico Internacional dejó de usar en 1968, para las Olimpiadas de México. Desde entonces, es obligatorio el recortán, o poliuretano, material que se aplicó en el estadio medio siglo después.

La obra de 2010 era parte de un plan mayor para el Estadio Municipal. Se quiso actualizar el recinto y ampliar además su capacidad. La iniciativa cobró fuerza en los años siguientes, con los éxitos del equipo local, Iberia. El conjunto, entonces bajo la mano de Ronald Fuentes, marchaba firme hacia la primera B del fútbol profesional, atrayendo más público.

Pero aún se debate la construcción de un nuevo recinto deportivo.

Hay algunos avances: está claro que el aforo será ahora de 10 mil personas, 6 mil más que en el actual, y que será del mejor estándar. Costará unos 23 mil millones de pesos, con lo que se constituye en la mayor inversión estatal para la provincia.

Al menos en papel, donde comparte espacio con otras.

Como la apertura del aeropuerto María Dolores a los vuelos nacionales, una idea que requiere de una inversión cifrada en 4 mil 500 millones de pesos, básicamente para reforzar la pista de aterrizaje.

Hoy, este aeródromo -así está clasificado- cumple un rol destacado en operaciones de combate de incendios forestales, en temporada de verano. Mueve muy pocos pasajeros, pues no tiene vuelos comerciales.

¿Y el paso fronterizo Pichachén? Nueve mil millones de pesos cuesta habilitar un complejo fronterizo que se comenzó a planificar hace cerca de 20 años.

Vaya.

Si hay algo que tienen en común los grandes proyectos para la provincia, son las grandes demoras para la provincia.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, así lo señala.

Creo que la comuna ha tenido una postergación en los últimos cuatro años, estoy hablando de cosas como el hospital, de avenidas, de infraestructura vial en general, el estadio. Son infraestructuras necesarias que han tenido una postergación más allá de lo razonable, señala el edil.

Para Krause, además, la ciudad tiene características que la hacen relevante para el sur del país. Cumple un rol, dice, como centro de servicios, laboral, que justifica mayor inversión.

La comuna de Los Ángeles es una de las más importantes de la región del Biobío, y unas de las más importantes del sur de Chile, sin ser capital regional. En ese sentido, toda la infraestructura que permita asegurar el crecimiento de la ciudad, desde el punto de vista económico, poblacional o de servicios, es necesario, explica.

REALIDAD NO SOLO LOCAL

La provincia de Biobío no es la única del país que alega ser postergada a la hora de recibir recursos del Estado.

Más bien, muy probablemente comparta esta visión con todas las demás provincias del país.

Y es una queja que fue recogida en la discusión que llevó a cabo la Convención Constitucional, que se plasmó en varios de los 499 artículos que tiene el borrador de la nueva Carta Magna.

Dos de estas iniciativas, tienen que ver justamente con cómo se financian proyectos locales. Una, dice relación con la creación de tributos para entidades territoriales como las provincias. Otro, con empréstitos para las regiones o provincias, que podrían pasar a emitir deuda, con algunas restricciones.

Entre éstas, que no se pueden endeudar en años electorales, que no se pueden entregar en garantía edificios o patrimonio de la provincia, y que no se sobrepase un porcentaje máximo del presupuesto anual.

Aun con estos límites, es la primera vez que las entidades locales pueden tributar, y endeudarse. Un grado de autonomía inédito en la historia del país.

Y que tiene sus riesgos, dice el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smit.

La deuda en si no es mala, el tema es cómo administrarla, igual que en las familias, afirma el docente.

Eso sí, en el caso del Estado hay un problema adicional. Es como si un papá con plata le pasa una tarjeta de crédito al hijo, que tiene todos los incentivos para reventarla, explica.

Piensa en Grecia... que sabiendo que alguien la iba a rescatar dejó la escoba, y finalmente tuvo que venir Alemania a salvarlo, porque de alguna manera no se podía dejar caer. Lo mismo pasó en España, así que cómo no podría pasar en una provincia, indica.

Hay otras cosas. Más técnicas, que tienen que ver con la tasa a la que pueden endeudarse las provincias, o lo que pasaría si alguna entrara en cesación de pagos, o default. No creo que La Araucanía, Arauco o Biobío, con el tema de seguridad que están atravesando, puedan endeudarse a la misma tasa que la Región de Antofagasta, por darte un caso. Y para el prestamista, que siempre es un banco internacional o un organismo como el Banco Mundial, ver el caso de cada región es imposible. Se van a fijar en si hay alguna que cesó pagos. No hay incentivos entonces, para las que lo puedan hacer mejor, señala Smit.

Aun así, la tentación es grande. En el caso de la provincia, sólo las iniciativas mencionadas arriba, el Estadio Municipal, el paso Pichachén y la renovación del aeródromo María Dolores, cuestan 37 mil millones de pesos. La mitad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que le toca a toda el Biobío.

Así que endeudarse... suena como una fórmula para apurar ideas que llevan años, sino décadas, en tramitación.

Eduardo Borgoño, consejero regional, tiene como una de sus tareas justamente ver qué proyectos se financian con cargo al FNDR.

Mire, ¿qué hace una zona postergada? Yo creo que todas las comunas, todas las provincias dicen eso. Todas plantean que son la más pobre de Chile, en Lota, en Negrete, en Alto Biobío... o Ñuble, donde no hay ninguna comuna no diga que no es la más pobre. Así que todas tienen urgencias que financiar, cuenta Borgoño.

Y sucede con ellas, lo mismo que con el dicho popular: Guagua que no llora, no mama, añade.

Por eso, Borgoño manifiesta que hay algunos límites que poner a este esquema. Yo veo una dificultad. Las provincias no son todas iguales, las más chicas, que no tienen empresas... ¿a quién le van a cobrar impuestos? Y en el caso de pedir prestado, debiera haber un límite. No solo en cantidad, sino que la deuda se page por la administración que la pidió, que no se le traspase al que viene, comenta.

Límites. Un concepto clave también para Smit.

Sería ideal que concurran organismos técnicos, con mirada de sustentabilidad, con consciencia intergeneracional, mirando el impacto que puedan tener... todas esas cosas son necesarias, tributos y deudas son problemas técnicos, asevera.

El alcalde de Los Ángeles, que ha debido viajar en múltiples ocasiones a la capital para apurar proyectos en un ministerio o dirección de servicio, dice que sería ideal poder contar con un esquema.

Creo que es positivo, pero si ocurre en un marco ordenado. En el caso de los alcaldes, estoy de acuerdo en que los alcaldes podamos gobernar los territorios, porque hoy solo administramos, y en ese sentido, lo que nos permita capturar más recursos, si los municipios están bien administrados y tienen la solidez necesaria, debiéramos hacerlo, recalca.

Orden, al fin. De eso se trata.

Tanto si la deuda es para una familia, como para una provincia ansiosa de concretar sus proyectos.

LA COMPLEJIDAD DE LA DEUDA Y EL TRIBUTO

Las entidades territoriales chilenas son diferentes, y eso impactará en los tributos que puedan recabar, o el tipo de deuda que pueden tomar.

En el primer caso, una provincia como Biobío, con 400 mil habitantes y una sólida economía forestal, generadora de energía y de servicios; es diferente de una provincia aislada, poco poblada y con una actividad económica menor, como Palena, en la Región de Aysén.

La propuesta de norma, dice que excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor de las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificación con los territorios.

De este modo, la provincia tendría la posibilidad de gravar actividades como la generación hidroeléctrica, o la industria papelera. Antofagasta, por ejemplo, a empresas mineras.

Aunque según Smit, los tributos siempre generan menos recursos de los que se planifican, esta situación podría contribuir a la mitigación del impacto que estas empresas tienen en sus entornos. El caso de la central San Carlos, desistida recientemente por la oposición de la comunidad, es un ejemplo.

El caso de la deuda reviste otra complejidad. La propuesta de norma contempla varias restricciones, pensada sobre todo en reducir el impacto en la deuda que adquiera el Estado central.

Es que Chile hoy tiene un nivel de riesgo sobresaliente. Según Moodys, una evaluadora estadounidense, el país tiene una calificación de A1, la misma que Japón o Israel.

La idea de que regiones más pequeñas, puedan no pagar sus deudas como sucedió en España o con ciudades de Estados Unidos, y con ello rebajar la calificación chilena, es algo que se buscó evitar.