Convencional Barceló ingresó propuesta para que el Estado garantice consumo humano del agua

Una propuesta que apunta a consignar que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes de uso público fue presentada por los constituyentes Luis Barceló y Miguel Ángel Botto del Colectivo del Apruebo para su discusión en la Convención Constituyente.

La moción fue ingresada el pasado viernes en una presentación realizada en la sede del cuerpo colegiado, en la Región Metropolitana, y tiene el apoyo de los constituyentes Agustín Squella, Fuad Chahín, Felipe Harboe, Eduardo Castillo, Rodrigo Logan, Patricio Fernández y Helmuth Martínez.

En la propuesta se destaca que las aguas se reconocen y garantizan como derecho humano prioritario, su acceso como elemento potable y el saneamiento. Y asegura el adecuado abastecimiento para el consumo de las personas, velando por el equilibrio del ecosistema, la equidad y seguridad hídrica.

Luis Barceló, que representa al distrito 21 de las provincias de Biobío y Arauco (además de Lota), explicó que la Carta Política de 1980 estableció un inciso en el art. 19 N° 24 que señala que los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgan a sus titulares propiedad sobre estos derechos.

Sobre esa base, añadió, el Código de Aguas de 1981 desarrolló estos principios rectores, basados en el dominio de privados sobre los derechos consuntivos y no consuntivos, lo que hace que sea el mercado quien regule la titularidad y acceso a los derechos de aguas, afectando principalmente el consumo humano y los sectores agrícolas de la pequeña y mediana empresa.

De acuerdo a Barceló, esos derechos se obtuvieron a través de esta normativa de manera gratuita por el Estado o a bajo precio para los particulares, para posteriormente ser tranzados, fuera de los objetivos sociales y de utilidad pública.

Es por este motivo, que se propone un articulado en el que se reconoce el agua en todos sus estados y ubicaciones, incluyendo expresamente los glaciares y el agua de mar, como bien de la nación, de uso público, afirmó Barceló.

De igual forma, se entrega a la ley la fijación de modalidades y condiciones, garantizadoras de la equidad, la seguridad hídrica y la polifuncionalidad en el ecosistema, priorizando las infraestructuras hídricas multipropósito, de manera que todas las obras tengan como objetivo fundamental, brindar acceso oportuno y de calidad a todos los usuarios, ya sea para agua potable, agricultura, minería, o industria.

La intención, recalcó, es elevar a rango constitucional las aguas como bien nacional de uso público, lo que hoy no sucede. Y a partir de ahí, dejar establecido que el agua potable para consumo es un derecho humano prioritario, y lo mismo el saneamiento.

El otro promotor de la iniciativa, Miguel Ángel Botto (ex-INN) lamentó que el distrito mío, que es el Distrito 6, donde está incluida la provincia de Petorca, Quillota, San Felipe, Los Andes, ha sido uno de los sectores que han sufrido la escasez y la usurpación, por qué no decirlo, de este recurso hídrico tan importante para la vida y la producción.

En esa línea, detalló que se comprometieron a cuatro elementos fundamentales: entender que el agua es un derecho humano; establecer que es un bien de toda la nación; que la gestión del agua deba ser asumida por el Estado; e instaurar su priorización, es decir, no puede haber un sector geográfico donde estén desarrollando la minería y el vecino de al lado no tenga agua.

Botto subrayó que no podemos pensar que el Estado lo debe hacer todo, pero tampoco debemos aceptar que en nuestro país una empresa de agua pueda ser comprada por un Estado o una multinacional y ellos manejen nuestros recursos hídricos, no respetando las priorizaciones que estamos promoviendo.

Es como lo ha planteado el equipo del mismo Presidente (Gabriel) Boric. Esto hay que hacerlo paso a paso, no puede haber un cambio de folio y una expropiación de un día para otro. Tenemos un gran desafío que se viene, que son las normas transitorias, sentenció.

PROPUESTA DE NORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo XX: Las aguas, en cualquiera de sus estados y ubicación, sean superficiales o subterráneas, así como los glaciares y el agua de mar, son bienes de la nación, de uso público, de carácter polifuncional, inapropiables, irrenunciables, imprescriptibles e inalienables.

El Estado reconoce y garantiza como derecho humano prioritario el acceso al agua potable y el saneamiento. Los órganos públicos competentes deberán asegurar el adecuado abastecimiento para el consumo de las personas. Asimismo, deberán planificar, coordinar y ejecutar las acciones que permitan el desarrollo de las actividades productivas, recreativas y culturales, velando por el equilibrio del ecosistema, la equidad y seguridad hídrica.

La ley regulará las instituciones, condiciones, modalidades y garantías para el acceso, uso y calidad del agua, priorizando las infraestructuras hídricas multipropósito que garanticen el acceso de todos los usuarios, asegurando el interés público y ambiental, la debida gestión de las cuencas hidrográficas, así como el desarrollo sostenible. La autoridad competente elaborará una política nacional de aguas y saneamiento.

Los usos de las aguas obligan a sus titulares a desarrollar las actividades necesarias para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento, por el plazo y en las condiciones establecidas en la ley.