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Una curiosa intocabilidad microsistémica


 Por La Tribuna

Cuando se habla de “Evaluación y Acompañamiento a la Docencia en la Enseñanza” –pensando, por cierto, en los procesos de mejoramiento continuo que deben darse en los establecimientos educacionales públicos, a propósito del imperativo que supone asegurar calidad y equidad educativa para todos/as–, se hace expresa referencia a lo que, junto con representar un quehacer profesional complejo y experto, se entiende por “un estilo especial de docencia que se realiza entre iguales”. Y ello, porque “en un centro de enseñanza solo existen docentes”, a saber: docentes directivos (directores e inspectores generales), docentes técnico pedagógicos (jefes técnicos y sus inexistentes equipos de especialistas colaboradores) y docentes de aula (generalistas o multidisciplinares y disciplinares generalistas) que, en su calidad de tales, como es de suyo entendible, cumplen roles distintos, pero necesariamente congruentes, integrados y complementarios.
Proceso que, por otro lado –ya como plan, ya como programa, ya como proyecto diseñado, elaborado, validado e implementado por el colectivo docente que forma parte de una comunidad escolar en un centro de enseñanza (hablando de una participación consignada en los Artículos 14° y 15° de la ley 19.070 y de trabajo colaborativo derivada de las más modernas concepciones pedagógicas)–, anclado (se supone) en el Marco para la Buena Enseñanza, da cuenta inequívoca de la unívoca, parcial o, incluso, sesgada mirada que se tiene de una realidad sistémica que es diversa y con responsabilidades compartidas a la hora de hacerse cargo de los resultados –favorables o no– de la población destinataria que son los estudiantes de todos los niveles escolares que, por sí mismos y desde sí mismos, ni más ni menos ejercen su derecho a la educación consagrado en la Constitución Política de la República.
Ahora bien, dicho lo anterior –y situándonos en el contexto de esta particular mirada que se tiene respecto del quehacer educativo de un centro de enseñanza, donde las responsabilidades están centradas, como lo vemos a diario, única y exclusivamente en la docencia de aula–, ¿por qué habrá sido que el Ministerio de Educación dispuso la existencia del Marco para la Buena Dirección en paralelo al ya mencionado Marco para la Buena Enseñanza? ¿Por qué habrá sido que alternativamente la misma autoridad dispuso –como consecuencia de la designación de directores por medio de la Alta Dirección Pública– la presencia de los denominados “Convenios de Desempeño Directivo” que tales incumbentes deben firmar con los sostenedores para su plena ejecución durante su mandato institucional de cinco años? ¿Por qué habrá sido? ¿No será que dice relación con el simple hecho de que los equipos directivos y técnico pedagógicos, junto a la docencia de aula, son tanto o más responsables que estos de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de los educandos?
La situación de fondo estriba en que hasta ahora los equipos directivos y técnico pedagógicos que conducen los destinos de los establecimientos de enseñanza jamás han sido evaluados ni por el Ministerio de Educación –con algún proceso equivalente al que cada cuatro años se lleva a cabo con la docencia de aula–, ni tampoco por las comunidades docentes, de conformidad con lo establecido en los Artículos 14° y 15° de la Ley 19.070 o Estatuto de los Profesionales de la Educación. En torno a esto, desde luego, sirva tener en cuenta que el inciso segundo del Artículo 14° del citado cuerpo normativo dice como sigue: “Los docentes tendrán derecho a ser consultados por el director en la evaluación del desempeño de su función, y la de todo el equipo directivo”, derecho que se amplía en el inciso tercero del también mencionado Artículo 15° del mismo cuerpo legal, cuando señala que: “Los consejos de profesores participarán en la elaboración de la cuenta pública del Director y en la evaluación de su gestión, de la del equipo directivo y la de todo el establecimiento”, resultando rara esta suerte de intocabilidad sistémica.

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