Tribunal Laboral condena a Casa García a pagar más de 450 millones de pesos

Todos y cada uno de los puntos reclamados por los ex trabajadores de la Casa García fueron acogidos de manera favorable por el Juzgado Laboral de Los Ángeles, al dictar su fallo en la demanda interpuesta por 42 de los 44 empleados de la tradicional tienda local.

En su fallo de 131 páginas, el juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, Claudio Álvarez, encontró razón en los argumentos de los ex funcionarios que exigían el pago de sueldos, vacaciones proporcionales e indemnizaciones por años de servicio.

En principio, la deuda total llegaba a los 315 millones de pesos. Sin embargo, el propio tribunal consideró aplicar un recargo de un 50% en las indemnizaciones por años de servicio, por lo que el monto se dispara a unos 450 millones de pesos, más reajustes e intereses. Como si fuera poco, la compañía deberá pagar las costas (honorarios de los abogados querellantes) por tres millones de pesos.

De esta manera, se escribe un nuevo capítulo en la historia de la tienda que duró más de 80 años hasta que se puso fin, en septiembre del año pasado, cuando se conoció que Casa García iniciaba un proceso de liquidación (quiebra) con el argumento de tener millonarias deudas con bancos y acreedores.

El 1 de octubre, los trabajadores que estuvieron con suspensión laboral por la pandemia desde mayo, quisieron retornar a sus funciones pero fueron avisados, de manera verbal, que no continuaban en sus puestos de trabajo por la situación económica de la empresa.

A partir de ahí, los ahora ex empleados iniciaron los trámites legales para demandar a la empresa por despido injustificado, unidad económica y subterfugio laboral y se realiza en paralelo al juicio de liquidación concursal (quiebra), a las querellas y a otras acciones similares.

Después de dos jornadas de juicio - una realizada en mayo y la otra en julio-, en la tarde de este martes se entregó el fallo que favoreció a los trabajadores de la tienda.

MULTIRUT

El abogado Cristopher Maureira, que asesora a los ex empleados de Casa García, explicó que el tribunal laboral ratificó que los trabajadores prestaban servicios bajo subordinación y dependencia para cinco empresas, sin perjuicio que su contrato de trabajo estaba suscrito con una sola razón social. Ello, por cuanto estas razones sociales operaban bajo una misma dirección y un mismo controlador, en este caso, el señor Rafael Abad.

Estas empresas relacionadas eran Comercial e Inversiones Principado SPA; Sociedad Comercial e Inversiones Campoamor S. A., Sociedad e Inversiones La Santina S. A., Inversiones e inmobiliaria Abad Spa, además de Abad y García que era con la cual los empleados tenían el vínculo contractual.

El profesional precisó que aunque una de esas razones sociales se sometió a un procedimiento de liquidación concursal voluntaria, los trabajadores continuaron ligados al conglomerado Casa García, por lo que una vez terminado el acuerdo de suspensión laboral, debían presentarse sus servicios. En ese sentido, cuando se presentaron a cumplir sus funciones, en la sentencia se determinó que fueron despedidos en forma verbal al habérseles negado el ingreso. Por lo anterior, se concluyó que el despido fue injustificado y se condenó a todas estas empresas a pagar solidariamente a todos los trabajadores.

Maureira detalló que desde la notificación de la sentencia, existe un plazo para presentar un recurso de nulidad que, si se interpone, debe verse en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Una vez que la sentencia quede a firme y ejecutoriada, añadió, se debe solicitar el cumplimiento del fallo en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Los Ángeles que incluye el embargo de bienes y otros efectos en el caso que las empresas condenadas no paguen los fondos.

El abogado insistió en que varios de los ex empleados demandantes dedicaron más de 40 años de sus vidas a la tienda, la gran mayoría de los cuales ahora está sin trabajo y con escasas posibilidades de encontrar ocupación en el rubro de ventas debido al cierre de locales por la pandemia del coronavirus.

QUERELLA

En paralelo, continúa su curso querella criminal interpuesta por la liquidadora Bernardita Lavín en contra del representante legal, Rafael Abad García, dos de sus colaboradores y de todos aquellos que resulten responsables.

La acción legal fue presentaba y acogida a trámite en el Tribunal de Garantía de Los Ángeles, a petición de la junta de acreedores, instancia que componen las empresas, bancos y particulares con quienes la tienda mantenga deudas reconocidas.

La presentación es por cuatro delitos contemplados en el artículo 463 del Código Civil referido a procesos reorganización y liquidación de activos de empresas y personas. De acuerdo a la querella, hubo movimientos de inmuebles y marcas comerciales con el fin de disminuir los activos de la empresa, una intención defraudadora al no incluir mercadería, vehículos ni bienes raíces y una conducta pasiva-omisiva a la hora de informar sobre la situación contable.