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Regantes advierten: reforma al Código de Aguas desestabilizaría actividad agrícola

Dirigentes del gremio están de acuerdo en privilegiar el uso para consumo humano, pero creen que se deben hacer ajustes acorde a las necesidades del sector productivo y civil.


 Por Jorge Guzmán

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Según dirigentes de la Asociación de Canalistas del Laja, seguridad jurídica a los derechos de agua, haciendo esto a su vez más difícil conseguir financiamiento para distintos proyectos productivos.

La reforma al Código de Aguas, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, quitaría seguridad al sector agrícola respecto a la posibilidad de financiar proyectos productivos, en especial en el actual panorama de escasez hídrica que afecta al rubro.

Así fue expresado por los dirigentes del sector, señalando que dicha situación sería ocasionada por el cambio en el estado de los derechos de aprovechamiento de agua, que pasarían a ser temporales. 

El fortalecimiento del carácter de uso público del agua, así como la consagración de su acceso como un derecho humano básico y la necesidad de hacer frente al cambio climático, fueron algunos de los argumentos expresados en la sesión de la Sala del Senado, donde se inició el debate en general del proyecto, en segundo trámite, que reforma el Código de Aguas.

PROBLEMAS DE LA REFORMA

Para el presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, esta reforma “resta seguridad y posibilidades de invertir en las obras necesarias para mejorar el panorama hídrico, considerando que ha sido el sector privado el que ha realizado las inversiones necesarias para desarrollar esta área en lo turístico, eléctrico y productivo”.

Desde la agrupación, ven en la reforma un cambio en el escenario agrícola de la zona a uno más complejo. El gerente de la agrupación, Héctor Sanhueza, señaló que “los derechos de agua son la garantía de los regantes para postular a financiamientos en el área agrícola”. Sin embargo, con la actual reforma “se le quita seguridad jurídica a los derechos de agua, haciendo con esto a su vez más difícil conseguir financiamiento para distintos proyectos productivos”.

Esto debido a que, de acuerdo con sus palabras, cuando un agricultor pide un crédito “los derechos de aprovechamiento de aguas son parte del patrimonio considerado por parte del sistema bancario” para entregar financiamiento a estos productores agrícolas.  

También preocupa a Canalistas del Laja la posibilidad que se pierdan incentivos para grandes obras “que hagan avanzar a la región y al país en infraestructura de recursos hídricos”.

Por otro lado, Sanhueza se manifestó de acuerdo en que el consumo humano debe ser la prioridad del uso del recurso hídrico. De hecho, ven con buenos ojos el término de la especulación que en algunos casos ha existido con los derechos de agua, a través de la petición de estos para luego enriquecerse con las ventas de ellos, sin el fin de hacer un proyecto.

Todo lo anterior cambiaría el actual panorama agrícola en Chile en esta materia.

El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, cree que este tipo de modificaciones al Código de Aguas son positivas, pero que más que hacer cambios refundacionales, “es necesario hacer ajustes al uso de aguas de acuerdo a la disponibilidad escasa del recurso”. Lo anterior, según Guzmán, con el fin de “respetar tanto el uso productivo, como de consumo del bien”.

Respecto al futuro del uso del recurso, Guzmán afirma que “es necesario invertir en proyectos que mejoren la eficiencia de las aguas, tanto desde el sector público como el privado”, logrando “revertir la escasez hídrica a través de la creación de embalses y obras que aseguren la disponibilidad del agua”.

POSIBLES BENEFICIOS

Por otro lado, el vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), Boris Solar, sostiene que las modificaciones al Código de Aguas en el Congreso podrían ayudar, en tanto “el Estado logre poner más recursos para hacer mejores captaciones, genere mejores canales de conducción, fortalezca las juntas de vigilancia y apoye en la construcción de mini-embalses”.

Según Solar, todas estas modificaciones deben “venir con apoyo estatal o darse con inversiones donde el Estado se haga parte para que las distintas organizaciones de usuarios de agua puedan desarrollar su proyectos y hacer más eficientes el uso de esa agua”.

De acuerdo a Solar, la tecnificación del riego ha apoyado en el manejo eficiente de estas aguas. Pero aun así, cree que faltan avances en materia de riego agrícola.

“La captación y reserva de agua es lo que falta”, explica el vocero de Socabío. “De esta manera, lograríamos que con un 2 o 3 por ciento del recurso que no llegue al mar (hoy llega al mar casi un 80%) se podría acabar con los problemas de riego del país”.

Para Solar, en términos generales, la agricultura no se alteraría si se encontraran maneras eficientes de captar y utilizar el agua. La reforma, según el vicepresidente de Socabío, no alteraría los procesos productivos del rubro agrícola, en tanto se utilice considerando las necesidades de la población, así como de la agricultura.

“El problema no se da solo por causas climáticas, sino que por problemas de administración de esta”, explica el vocero de Socabío. Y afirma que si se hicieran inversiones en el sector de uso de aguas, a través de inversiones del Estado y de las pequeñas organizaciones de usuarios de este recurso, se podría llegar a mejores índices de reservas y aprovechamiento de aguas para uso tanto agrícola como humano”.  

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