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A consecuencia de la pandemia buscan aplazar la implementación de servicios sanitarios rurales

De esta forma, los dirigentes de comités de APR podrán inscribirse en el registro de operadores, capacitarse y orientarse para manejar correctamente el abastecimiento de agua potable y saneamiento sanitario.


 Por Camila Celis

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El 19 de octubre de 2020, entró en vigencia una ley que permite que los comités de Agua Potable Rural (APR), además de entregar el servicio de APR, puedan encargarse de la eliminación de aguas servidas y alcantarillado.

Para esto, los dirigentes contaban con un plazo de dos años para inscribirse en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales, lo cual incluye capacitaciones y una serie de trámites administrativos a través de internet.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia no fue posible que los comités llevaran a cabo los procedimientos para registrarse, lo cual fue aún más difícil por la mala conexión a internet en los sectores rurales.

Debido a esto, se ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y Diputadas para aplazar por un año la entrada en vigencia de la Ley de servicios sanitarios rurales.

La idea es garantizar la correcta implementación, capacitación y evitar la suspensión de permisos de los prestadores de servicio de APR, lo que provocaría que las comunidades quedaran sin agua potable.

La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Monsalve, junto a dirigentes de los comités de Agua Potable Rural de la región del Biobío, para prorrogar los plazos de implementación de estos servicios que buscan garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento sanitario en sectores rurales.

Al respecto el diputado del Distrito 21, Manuel Monsalve, indicó que “este proyecto será tramitado en la comisión de Obras Públicas, y busca resolver los problemas que afectan a los comités y a las familias que se abastecen de agua potable rural. En la región del Biobío hay cerca de 35 mil familias que reciben agua a través de comités de agua potable rural”.

De la misma forma, el diputado Iván Flores, presidente de la comisión de Obras Públicas, comentó que “estamos hablando del mundo rural y de la administración de algo que en muchos casos se desconoce y que requiere una implementación cuidadosa. El asumir esta responsabilidad también se debe hacer con mucho cuidado. Por lo tanto, no solo es un proyecto atingente a la realidad sanitaria que estamos viviendo, si no que le da un respiro a la obligación que la propia ley les impone a los comités de agua potable rural. Le daremos un trámite rápido porque es absolutamente necesario prorrogar esto por un año”.

Frente a esto, el presidente de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural Biobío, Gustavo Flores, expresó su inquietud por el atraso en los procedimientos. Manifestó que “es una gran preocupación para nosotros a nivel nacional. Desde que entró en vigencia la ley ya ha pasado casi un año y no hemos podido capacitarnos ni orientarnos en todas las nuevas temáticas y obligaciones que tenemos en esa ley”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, la directora subrogante de la Dirección de Obras Hidráulicas de la región del Biobío, Carolina Zambrano, explicó que “la ley estipula que los actuales comités de APR y cooperativas que se encuentran prestando este servicio serán los titulares de sus respectivas licencias, y tendrán un plazo de dos años para solicitar el registro en los operadores de servicio y acreditar la vigencia de su personalidad jurídica. Lo que se debe dejar en claro es que estos últimos sistemas, en su mayoría, han funcionado hasta ahora de manera autónoma pero ahora tendrán además la asesoría de parte nuestra”.

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