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Crónica

Inquietud por impacto de parques solares en Los Ángeles: 24 proyectos han ingresado a trámite ambiental

Presidente de la Socabío: “entiendo que se están buscando terrenos que no son tan productivos y que en general no tienen riego”. Especialista de la UdeC planteó la urgencia de un ordenamiento territorial para no afectar suelos cultivables.


 Por Juvenal Rivera

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La construcción de una serie de parques eólicos en la zona poniente de la comuna de Los Ángeles ha despertado el rechazo de comunidades rurales, principalmente por el impacto en la calidad de vidapor ese tipo de iniciativas durante la etapa de construcción y operación.

En los últimos meses, agrupaciones sociales y organizaciones comunitarias han protagonizado protestas y manifestaciones –de manera presencial y a través de las redes sociales– para reclamar por los eventuales perjuicios de este tipo de proyectos que emplean la fuerza del viento para producir electricidad.

En medio de esta polémica, también ha surgido la inquietud por los proyectos solares o fotovoltaicos en la capital provincial, cuya existencia formal se confirma en la revisión de los antecedentes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Desde abril de 2019, cuando se ingresó el primer proyecto solar al SEA, han sido más de una treintena de iniciativas de ese tipo que se han tramitado solo en la comuna de Los Ángeles. Cabrero, Laja y Mulchén también suman inversiones de esta naturaleza.

Aunque varios proyectos han quedado en el camino por distintas razones (sus titulares se han desistido), en el caso de la capital provincial hay 22 parques solares que siguieron curso en el SEA, de los cuales 14 han sido aprobados y otros ocho se encuentran en proceso de calificación ambiental.

Un dato no menor es que todas estas propuestas de generación fotovoltaica (las 22) se encuentran en la comuna de Los Ángeles, por un monto global que bordea los 220 millones de dólares.

Se trata de iniciativas que, de manera individual, promedian una inversión de 10 millones de dólares (más de 7 mil millones de pesos) sobre superficiess que fluctúan entre las 20 y las 30 hectáreas.

Al respecto, José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), aseguró que “entiendo que se están buscando terrenos que no son tan productivos y que en general no tienen riego”.

A su juicio, “en tanto se cumplan todas las resoluciones que se requieren para proyectos de este tipo, la decisión de hacerlos corresponde exclusivamente al propietario del predio donde han ofrecido instalar un parque solar de estas características”.

En ese mismo sentido, el dirigente gremial sostuvo que ese tipo de energías deben “ser potenciadas, de tal manera que logremos un porcentaje de generación limpia cada vez mayor. Nuestra zona con proyectos de esta naturaleza, más los eólicos e hidráulicos, consolida su liderazgo en esta materia, ya que además de ser toda esta energía de origen sustentable, combina con las tres un suministro permanente y regular al sistema interconectado, reduciéndose con ello la generación desde centrales térmicas”.

Sin embargo, Stegmeier advirtió que “podría existir una colisión de intereses superiores, como el de descarbonizar la matriz energética, por un lado, y convertir al país en una potencia agroalimentaria”.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Por su parte, Raúl Cerda, académico del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, reconoció que la competencia por el uso de suelo agrícola no es algo nuevo, y que se ha visto en las últimas cuatro décadas con la expansión forestal y urbana, y más recientemente, con la proliferación de las llamadas “parcelas de agrado”.

En declaraciones al diario La Discusión, señaló que “aquí estamos hablando de cambio de uso de suelo, en que a un suelo con potencial agrícola les colocas paneles fotovoltaicos. El tema es si le conviene o no a la región y al país. Y eso ha estado ocurriendo mucho, no solo con los proyectos energéticos, y la sociedad no ha dicho mucho”.

Mencionó que, por ejemplo, en suelos clase 2 e incluso de clase 1, hay 120 mil hectáreas forestadas entre Biobío y Ñuble, “que es algo que detectamos en 2015 cuando hicimos el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). Y a nivel nacional, entre 1997 y 2007 se perdieron casi 300 mil hectáreas porque se transformaron en urbanizaciones, en industria y otros usos”.

Cerda sostuvo que la normativa de cambio de uso de suelo es muy laxa, lo que ha permitido las parcelas de agrado, “por lo que la instalación de los parques fotovoltaicos viene a ser una más”.

Según Cerda, el tema de fondo es el ordenamiento territorial. “No tenemos una normativa que obligue a las regiones a contar con un PROT que, por lo menos, podría ser indicativo, ya que tampoco es obligatorio cumplirlo por los privados. Por un lado, tenemos la Constitución, que consagra la propiedad privada, versus la sociedad que no tiene la posibilidad de definir en qué se puede utilizar determinado suelo. Entonces, en un PROT se define a grandes rasgos qué actividades se pueden desarrollar”.

Según el especialista, “si hubiera un plan de ordenamiento territorial, diría que los paneles fotovoltaicos no deben estar en suelos agrícolas; hay suficiente suelo para ello, especialmente en otras regiones, como en el norte. Si existiera una interconexión eléctrica de la zona central con el norte ya operativa, se podría hacer un diseño energético sostenible en el país”.

Citando el caso de Ñuble, el investigador consideró “super ilógico colocar paneles solares en el Valle Central, porque si bien es más rentable instalarlos cerca de las líneas de transmisión y los centros de consumo, esto tiene un costo social, es decir, que debe asumir toda la sociedad, y que las empresas de generación no internalizan en sus costos porque son externalidades negativas. Se impone solo el criterio económico y no se obliga al inversionista a que internalice esta externalidad, a que lo internalice como costo, tal como ocurre con los bonos de carbono”.

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