En Los Ángeles se dio el vamos a Ley de Entrevistas Videograbadas

Con un simbólico corte de cinta, en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles se llevó a cabo la ceremonia de puesta en marcha de la segunda etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas, cuyo principal objetivo es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales y otros hechos de gravedad, o que son testigos de situaciones de esa naturaleza.

Se trata de un paso al que, además de la región del Biobío, se sumaron las de Atacama, Coquimbo, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos. En octubre de 2019 ya había comenzado a regir en una primera etapa en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena. La tercera y última etapa está prevista a contar del 3 de octubre del 2022, en las regiones de Valparaíso, Ou2019Higgins, Los Lagos y Metropolitana.

La ley establece un nuevo trato a la infancia por medio de un marco normativo que regula la toma de declaraciones, así como la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas durante el proceso judicial, entre otros factores.

Para celebrar la puesta en marcha de la segunda etapa de la ley se realizó una ceremonia telemática que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el defensor nacional (s), Marco Montero; la directora de Derechos Humanos y Protección a la Familia de Carabineros, general Karina Soza, y el jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de implementar esta ley en nuestro país, para luego dar inicio a la inauguración de diversas Salas Especiales en todas las regiones donde comenzó a regir la ley.

Al respecto, el ministro Larraín explicó que cuando se produce un ataque sexual contra un niño, niña o adolescente, en los procesos judiciales anteriores a esta ley, la víctima debía entregar múltiples testimonios a la justicia, provocándose un grave daño producto de la victimización secundaria que supone recordar los hechos una y otra vez.

Sin embargo, con la entrevista videograbada se da un paso adelante en el sentido de que se reduce el número de testimonios al mínimo, los que son realizados en lugares adecuados, con gente especializada para la diligencia, debidamente acreditada.

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dijo que la ley 21.057 consagra, en materia judicial, el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes garantizando, además, la mínima intervención de las víctimas ante el sistema judicial, buscando reducir así los efectos de la victimización secundaria. En el marco de un esfuerzo colaborativo interinstitucional, el Poder Judicial ha tenido un compromiso consistente con esta ley, por medio de la implementación de una red de salas especiales en los tribunales de competencia penal y la formación de 197 jueces, juezas y ministros en el curso básico, y 27 magistrados preparados para acreditarse como intermediarios para declaración judicial.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, agregó que la justicia debe ser capaz de adaptar sus procedimientos a las necesidades especiales de niños, niñas y adolescentes, de manera de resguardar sus derechos y asegurarles su adecuada participación en el proceso penal cuando son víctimas de delitos graves.

La Ley 21.057, en su primera etapa, ha permitido a la Fiscalía decretar 2345 entrevistas videograbadas, que han involucrado a 4619 víctimas. Nuestro convencimiento es que la gestión y el trabajo conjunto con todas las instituciones que participan en la ejecución de esta ley nos permitirá alcanzar resultados acordes con los estándares que espera la ciudadanía, señaló Abbott.

SOBRE LA LEY

La Ley de Entrevistas Videograbadas crea un nuevo marco normativo para denunciar, investigar y juzgar los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Antes de esta legislación, ellos debían repetir en múltiples ocasiones sus testimonios durante todo el proceso judicial, frente a personal no especializado y en lugares poco adecuados, causándoles daños adicionales al que ya sufrieron como víctimas de delitos graves.

Es así como esta nueva ley crea la figura de los entrevistadores y los intermediadores, quienes son personas acreditadas y especializadas que están a cargo de desarrollar las entrevistas videograbadas con los niños, niñas y adolescentes durante la investigación penal y durante el juicio oral, respectivamente. Además, la nueva ley permitió la creación de Salas Especiales en los tribunales, la Fiscalía y las policías donde se desarrollan estas diligencias, en un ambiente acogedor y adecuado.

De este modo, en las regiones de la segunda etapa está contemplado que haya un total de 140 entrevistadores e intermediadores acreditados, cifra que puede crecer durante su implementación. Asimismo, se contempla la apertura de 83 Salas Especiales en las instituciones que forman parte del proceso.

Desde el 3 de octubre de 2019, momento en que comenzó a regir la primera etapa de esta ley, se han recibido 5726 denuncias y se han realizado 2345 entrevistas investigativas videograbadas en las regiones donde ya opera esta normativa legal.