Venezuela anunció que someterá a revisión su relación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), tras calificar de “desbalanceado” y cargado de “afirmaciones sesgadas” el informe presentado por la directora del organismo, Michelle Bachelet.
En una presentación oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet sacó a relucir las represalias que toma el Ejecutivo de Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la ONU.
“Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”, reveló.
Asimismo hay organizaciones no gubernamentales que están bajo investigación por motivos similares.
La alta comisionada aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurren en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.