La investigación comenzó en 2018 y según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), losfondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas.
Palma ya lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago. Entonces eran poco más de300 los militares investigados.
El fraude se realizó a través de contratos a honorarios, pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron donde hubo unpago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.
Todo ello a raíz del término delFondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.
Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal que erarealizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente , explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas porRLN.