suscríbete al boletín diario

Noticias

Colegio de Abogados de Biobío reflota la idea de contar con una cárcel provincial

Titular de la organización gremial, Sergio Troncoso, sostuvo que “la habilitación de una cárcel en Los Ángeles permitiría mejorar las condiciones de seguridad para los reclusos así como de las visitas que concurren a ver a las personas privadas de libertad”.


 Por La Tribuna

22-09-2015_17-52-24carcel

Desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 que el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Los Ángeles dejó de funcionar como tal. Los daños causados por el movimiento telúrico afectaron a la estructura construida a fines de la década del 60, a tal punto que las dependencias debieron demolerse y la población penal, compuesta por cerca de medio millar de reclusos, debió ser derivada a recintos carcelarios en Mulchén, Yumbel, Concepción e, incluso, en Puerto Montt.

Solo se libró de la fuerza de la naturaleza el anexo femenino, donde una veintena de reclusas cumplen las medidas de privación de libertad por decisión de la justicia.

Aunque en los primeros años hubo algunas gestiones para contar con un nuevo recinto carcelario para la provincia de Biobío, lo cierto es que todo resultó infructuoso, principalmente por la cerrada oposición de quienes podían vivir contiguos a los eventuales emplazamientos.

Al cabo, una década más tarde, la situación sigue siendo la misma que esa mañana posterior al terremoto que había sacudido la zona centro sur del país.

EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS

Por lo pronto, hace ya varios años que se desecharon las gestiones para tener una nueva cárcel y al espacio actual de la avenida Vicuña Mackenna se le va a asignar un nuevo uso (lo más probable es que sea un centro de atención para la tercera).

Pero el anexo femenino sigue ahí, en la instalación de un piso situada por la calle Manuel Rodríguez, adyacente a lo que fueron las ahora destruidas instalaciones de los tribunales de letras.

Y, justamente en el contexto de la pandemia por el coronavirus, es que hace un par de semanas se produjo un foco de contagio. Una funcionaria de Gendarmería que reside en Angol pero trabaja en Los Ángeles, dio positivo a la enfermedad. De inmediato se levantaron las alertas y se activaron los protocolos para evitar que el virus se propagara a las reclusas y al resto del personal penitenciario.

Y aunque la situación no ha escapado de control, el problema volvió a poner en el tapete la falta de un recinto carcelario que sea el óptimo para albergar a la población penal del territorio.

Es que es sabida la condición de aglomeración y hacimiento, especialmente en el complejo penitenciario de El Manzano, en Concepción, donde se encuentra la mayor cantidad de reclusos de la provincia de Biobío.

COLEGIO DE ABOGADOS

Al respecto, Sergio Troncoso, presidente del Colegio de Abogados de Biobío, advirtió que las condiciones de hacinamiento en las cárceles del país podría “propagar la pandemia”.

A su juicio, hasta ahora no existe un control exhaustivo a través de la toma de exámenes de detección de la enfermedad a los reclusos que se encuentran en condición de régimen cerrado o en tránsito (por ejemplo, aquellos que deben purgar la pena de reclusión nocturna por no pago de pensiones de alimentos).

El profesional destacó que si bien el secretario regional ministerial de Justicia, Sergio Vallejos, implementó el programa “Justicia te cuida” en que se han generado todos los protocolos para evitar la expansión de la pandemia en la población carcelaria, “la habilitación de una cárcel en Los Ángeles permitiría mejorar las condiciones de seguridad para los reclusos así como de las visitas que concurren a ver a las personas privadas de libertad”.

En ese marco, argumentó que “la habilitación del centro de detención preventiva en Los Ángeles debiera implementarse, sin perjuicio que lleva más de 10 años sin que nada se haya resuelto sobre el mismo establecimiento”.

Además, recalcó que el actual contexto hace propicia la aparición de problemas de seguridad en los centros penitenciarios como el aumento de motines o de episodios de violencia protagonizados por los mismos internos. Aparejado a lo anterior, está el incremento de hechos delictuales, como los robos y asaltos perpetrados por quienes delincuentes que lo hacen bajo toque de queda.

Adicionalmente, Troncoso advirtió que el actual escenario implicará que cuando el Ministerio Público pida las medidas cautelares de prisión preventiva para un imputado que ha sido formalizado de perpetrar un delito grave, “las defensas pedirán una medida cautelar menos gravosa porque no existen las condiciones de seguridad para garantizar su estado de salud”. 

El punto es que, a su juicio, esa situación, eventualmente, puede tergiversar a futuro el otorgamiento de medidas cautelares gravosas y “eventualmente, muchos imputados logren su libertad u obtengan el cumplimiento en el medio libre, aumentando la posibilidad que ellos vuelvan a cometer delitos”.

“Como Colegio de Abogados, planteamos que resultan necesarios los test al interior de los centros penitenciarios para quienes estén en régimen cerrado o en tránsito. Además, el Estado debe resguardar la seguridad de los funcionarios de Gendarmería que prestan servicios en las cárceles, los cuales también deben someterse a test que garanticen, a medida que salgan con sus días libres, que no propaguen los virus en la comunidad”.

Especial Coronavirus

  • Compartir:

opinión

lo más leído

logo-ediciones-anterioes