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Canalistas del Laja: “se ha retrocedido” en acuerdo para formar junta de vigilancia

Hace dos años, el camino estaba abierto para llegar a una resoluciób entre los usuarios del sistema Laja –lago y río– que apuntaría a hacer un uso racional del agua disponible. Sin embargo, estudios de último momento y la nueva visión de las autoridades que asumieron en 2018, causaron demoras que derivaron en un decidido retroceso en lo realizado hasta ese momento. No se prevé solución en el corto plazo.


 Por La Tribuna

72, río Laja

En 2018 parecía que el acuerdo para formar una junta de vigilancia sobre el río y el lago Laja sería una realidad. Que solo sería cuestión de afinar algunos detalles para dar el vamos a la puesta en marcha de uno de los instrumentos contemplados en el Código de Aguas para hacer uso racional de un recurso cada vez más escaso.

Es que fueron más de cinco años de intensas negociaciones, en que se debieron compatibilizar los intereses de todos los usuarios del sistema Laja, desde las compañías hidroeléctricas, las organizaciones de regantes (grandes y pequeñas), las empresas sanitarias y las fábricas que extraen sus aguas para sus procesos, hasta los empresarios turísticos que desarrollan sus emprendimientos en torno a la popular cascada ubicada a un costado de la carretera. Como en toda negociación, hubo concesiones y conquistas que se reflejaron en un borrador de junta de vigilancia que recogía el consenso después un lustro de sostenido trabajo.

Pero todo se trabó a principios de 2018. ¿Qué sucedió? Según Héctor Sanhueza, administrador de la Asociación de Canalistas del Laja, se explica de la siguiente manera: “Por cinco años, trabajamos muchos para formar la junta de vigilancia, pero llega el 2018, donde coindicen varias cosas. Ahí se ordenó un estudio para capacidad de canales que fue financiado por los privados y que no se alcanzó a terminar en esa temporada. También asumió un nuevo gobierno, con nuevos personeros en la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Obras Públicas, que se tomaron un tiempo para entender este proceso”.

Ese tiempo, añadió, “causó distanciamientos y el abandono de los acuerdos de algunos usuarios que, en ese afán de volver a estudiar el tema, influyeron sobre las nuevas autoridades y generaron incertidumbre. Eso derivó en un estancamiento que generó la posibilidad de que algunos que no quisieron cumplir los acuerdos previos, ganaran espacio y dieran paso a las incertidumbres que fueron acogidas por estas nuevas autoridades”.

En resumidas cuentas, volvieron los temores cuando se iniciaron las conversaciones para formar la junta de vigilancia, hecho marcado por la sequía del 2013, una de las peores de las que se tiene registro en la zona. Ese episodio fue el detonante de los primeros acercamientos entre los distintos usuarios del sistema Laja.

“Se ha retrocedido”, se lamentó Sanhueza porque “en estos dos años afloró de nuevo la conflictividad y porque ahora el escenario es mucho más complejo. En estos momentos existe la convicción de que la disponibilidad hidrológica que teníamos décadas atrás, nunca más la vamos a volver a tener”.

En el mismo tenor, vislumbró que un acuerdo definitivo no será posible en el corto plazo porque “de nuevo, tenemos visiones distintas entre algunos usuarios y también tenemos diferencias con respecto de la visión de las autoridades”.

A su juicio, “todo instrumento que construyamos –junta de vigilancia con sus respectivos estatutos– debe ser acorde con las circunstancias que hoy tenemos de estrechez hídrica, y por lo tanto, se debe promover el uso eficiente de las aguas. Si hay que darle una interpretación a eso, hay que hacerlo, pero no podemos seguir promoviendo la tenencia de derechos de agua que nunca han sido utilizados y que si se emplearan, no tendrán un uso eficiente”.

Para el representante de los Canalistas del Laja, una de las mayores organizaciones de usuarios de las aguas del sistema, el borrador elaborado en los cinco años de negociaciones no se puede modificar por la simple intervención de la autoridad del ramo.

“Le tengo que advertir (a la autoridad) que no pueden tomar el borrador de estatutos que acordamos entre todos y eliminar algunas partes que ellos interpretan que no corresponden, porque ese borrador es una negociación en sí misma, y si alguien quiere modificar solo una parte, se tiene que modificar el todo. Cada parte, cada artículo, es un convenio, es una negociación en que uno concedió porque logró otra cosa en otra parte de los estatutos”, dijo.

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