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La Tribuna

Canalistas del Laja: "se ha retrocedido" en acuerdo para formar junta de vigilancia

por Juvenal Rivera Sanhueza

Hace dos años, el camino estaba abierto para llegar a una resoluciób entre los usuarios del sistema Laja lago y río que apuntaría a hacer un uso racional del agua disponible. Sin embargo, estudios de último momento y la nueva visión de las autoridades que asumieron en 2018, causaron demoras que derivaron en un decidido retroceso en lo realizado hasta ese momento. No se prevé solución en el corto plazo.

72, río Laja /

En 2018 parecía que el

acuerdo para formar una junta de vigilancia sobre el río y el lago Laja sería

una realidad. Que solo sería cuestión de afinar algunos detalles para dar el

vamos a la puesta en marcha de uno de los instrumentos contemplados en el

Código de Aguas para hacer uso racional de un recurso cada vez más escaso.

Es que fueron más de cinco

años de intensas negociaciones, en que se debieron compatibilizar los intereses

de todos los usuarios del sistema Laja, desde las compañías hidroeléctricas,

las organizaciones de regantes (grandes y pequeñas), las empresas sanitarias y

las fábricas que extraen sus aguas para sus procesos, hasta los empresarios

turísticos que desarrollan sus emprendimientos en torno a la popular cascada

ubicada a un costado de la carretera. Como en toda negociación, hubo

concesiones y conquistas que se reflejaron en un borrador de junta de vigilancia

que recogía el consenso después un lustro de sostenido trabajo.

Pero todo se trabó a

principios de 2018. ¿Qué sucedió? Según Héctor Sanhueza, administrador de la

Asociación de Canalistas del Laja, se explica de la siguiente manera: Por

cinco años, trabajamos muchos para formar la junta de vigilancia, pero llega el

2018, donde coindicen varias cosas. Ahí se ordenó un estudio para capacidad de

canales que fue financiado por los privados y que no se alcanzó a terminar en

esa temporada. También asumió un nuevo gobierno, con nuevos personeros en la

Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y el Ministerio

de Obras Públicas, que se tomaron un tiempo para entender este proceso.

Ese tiempo, añadió, causó distanciamientos

y el abandono de los acuerdos de algunos usuarios que, en ese afán de volver a

estudiar el tema, influyeron sobre las nuevas autoridades y generaron

incertidumbre. Eso derivó en un estancamiento que generó la posibilidad de que

algunos que no quisieron cumplir los acuerdos previos, ganaran espacio y dieran

paso a las incertidumbres que fueron acogidas por estas nuevas autoridades.

En resumidas cuentas,

volvieron los temores cuando se iniciaron las conversaciones para formar la

junta de vigilancia, hecho marcado por la sequía del 2013, una de las peores de

las que se tiene registro en la zona. Ese episodio fue el detonante de los

primeros acercamientos entre los distintos usuarios del sistema Laja.

Se ha retrocedido, se

lamentó Sanhueza porque en estos dos años afloró de nuevo la conflictividad y porque

ahora el escenario es mucho más complejo. En estos momentos existe la convicción

de que la disponibilidad hidrológica que teníamos décadas atrás, nunca más la

vamos a volver a tener.

En el mismo tenor, vislumbró

que un acuerdo definitivo no será posible en el corto plazo porque de nuevo,

tenemos visiones distintas entre algunos usuarios y también tenemos diferencias

con respecto de la visión de las autoridades.

A su juicio, todo

instrumento que construyamos -junta de vigilancia con sus respectivos estatutos-

debe ser acorde con las circunstancias que hoy tenemos de estrechez hídrica, y

por lo tanto, se debe promover el uso eficiente de las aguas. Si hay que darle

una interpretación a eso, hay que hacerlo, pero no podemos seguir promoviendo

la tenencia de derechos de agua que nunca han sido utilizados y que si se

emplearan, no tendrán un uso eficiente.

Para el representante de los

Canalistas del Laja, una de las mayores organizaciones de usuarios de las aguas

del sistema, el borrador elaborado en los cinco años de negociaciones no se

puede modificar por la simple intervención de la autoridad del ramo.

Le tengo que advertir (a la

autoridad) que no pueden tomar el borrador de estatutos que acordamos entre todos

y eliminar algunas partes que ellos interpretan que no corresponden, porque ese

borrador es una negociación en sí misma, y si alguien quiere modificar solo una

parte, se tiene que modificar el todo. Cada parte, cada artículo, es un convenio,

es una negociación en que uno concedió porque logró otra cosa en otra parte de

los estatutos, dijo.

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