sábado 16 de noviembre, 2019

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Laja

Familiares aún claman por justicia ante hechos de detenidos desaparecidos

En la nueva conmemoración de esta fecha, Diario La Tribuna conversó con un hijo de los afectados en la matanza Laja-San Rosendo.


 Por Marcela Vidal

“Más allá de ser víctimas de un hecho concreto de violación de derechos humanos, uno también tiene una participación social y ciudadana de la cual nuestra visión es la permanencia, duración y establecimiento de la condición de respetar”, de esta manera explica brevemente su opinión sobre este 11 de septiembre, Luis Emilio Araneda Medina, hijo de Luis Alberto Araneda Reyes, quien desapareció el 15 de septiembre de 1973. El padre del actual vocero de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de la comuna, fue arrestado junto a otras 18 personas sin que quedara un rastro de su paradero.

Este hecho que marcó su vida lo llevó a ser parte de una lucha de años para que estos casos fueran esclarecidos, porque explicó que para él los derechos humanos son una condición universal y no quiere que esto se repita en consecuencias similares.

Sobre esto, Luis Araneda comentó que “en esta materia apuntamos a que las agrupaciones de la sociedad sea un activo participante en aquellas cosas que nos competen, desde el punto de vista de calidad y convivencia, porque estos son hechos trágicos que nos siguen atormentando y afectando la memoria de nuestras familias, no solamente a partir del 11 de septiembre sino en años sucesivos, puesto que estas son consecuencias que arrastran en las nuevas generaciones”.

MEMORIA DE LA PROVINCIA

Cuando relata su experiencia y sus recuerdos, este hombre no evita comentar que “todo esto se tradujo en una detención ilegal de 19 personas, las que fueron supuestamente trasladadas al regimiento de Los Ángeles, cuestión que no se materializó y nuestros familiares fueron bajados a mitad de camino entre la localidad Laja-Yumbel y fueron asesinados en el fundo San Juan en Laja”.

Con esta realidad a cuesta y con el paso de los años, Emilio comprendió su deber y comenzó un proceso de contribuir con esta investigación que fue asumida por el ministro Carlos Aldana, hecho que mantiene a su familia y a otra decena de  personas en espera de una condena para los autores materiales e intelectuales de estos sucesos, de acuerdo a lo que la ley establece.

“Yo tenía 13 años y vi la detención de mi padre. En San Rosendo se sabía que había llegado una patrulla de Carabineros de Laja al mando de un suboficial de Carabineros con un piquete, en ese minuto salimos de la casa y vimos cómo mi padre venía siendo perseguido por ese piquete apuntándolo, rodeándolo y obligando a poner sus manos sobre la cabeza” contó Emilio Araneda. Desde entonces no volvió a saber más de su padre. 

Sin embargo, en medio de todo esto agradece que con los años pudieron encontrar los restos mortales de todos los detenidos, luego que se encontraran diversas osamentas en una fosa común.

“Los cuerpos fueron trasladados. Un oficial de Carabineros hizo un parte policial con el hallazgo y el director del hospital hizo autopsias, aunque se negó el proceso por el personal, el conocimiento de la muerte de nuestras víctimas se dio a conocer con el tiempo y fueron encontrados”, sostuvo.

En medio de esto agregó que “en el caso de nosotros, pudimos identificar la calavera y la forma en que murieron, que no es igual a cómo fallecieron las personas de Mulchén y Santa Bárbara, donde no se van a encontrar estos cuerpos”, relató respecto a otras causas que se investigan en la provincia de Biobío. 

UN PROCESO CONDENATORIO QUE ESPERA

En búsqueda de justicia, todos estos familiares han presentado distintos recursos a tribunales en diferentes periodos.

“En este caso hay que considerar que hay agentes del Estado y Carabineros, quienes habrían sido los autores materiales de estos hechos, entonces la justicia militar el año 81 determina la aplicación de la Ley de Amnistía que rigió entre el 78 y el 80”.

Sin embargo, el año 2011 se retomaron estas causas bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet: “es así como el 2011 se reabre y en Concepción se nombra al ministro Carlos Aldana Fuentes como ministro investigador de esta y todas las causas de la región, incluyendo Quilaco, Santa Bárbara y Mulchén”.

Cabe señalar que en este proceso se han hecho reconstituciones de escena, donde se ha logrado determinar lugares y se mantienen informes periciales y los laboratorios y además se logró determinar quiénes fueron pero además se logró determinar la participación de ejecutivos de CMPC.

“La causa ya fue cerrada en términos de que las partes entregamos los antecedentes y el ministro ha hecho toda la investigación que le permite a él tener una convicción de cómo fueron los hechos”, explicó Emilio Araneda.

A pesar de todo esto, el vocero de todas estas familias comentó que “esperamos que de acá a diciembre el ministro dicte sentencia lo que va a significar que a cada uno de los participantes en su calidad de cómplice homicidio o colaborador le va a llegar su condena. Terminado ese proceso, la sentencia es elevada a la Corte de Apelaciones y las partes querellantes veremos si estamos de acuerdo con aquello y por el lado de los acusados si están de acuerdo, donde vendrán los recursos que permitan llegar a una sentencia final que creemos que va a terminar en la Corte Suprema, lo que significa uno o dos años más”, sentenció este hombre que a pesar de los años no pierde la esperanza que se haga justicia. 

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