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Esta nueva arista del caso apunta a las rendiciones que tanto Oviedo como Fuente-Alba hicieron sobre el uso de los gastos reservados durante sus periodos al mando del Ejército.
El procedimiento implicaba una declaración jurada entregada directamente a Contraloría, en la cual de forma general y sin entregar detalles se aseguraba que dichos fondos fueron utilizados para labores de seguridad e inteligencia. Sin embargo, la indagatoria de la ministra, los peritajes de la PDI y las declaraciones de sus respectivos jefes de Finanzas indican que parte de esos recursos habrían sido usados para fines personales, ajenos a la función militar. Según consignó La Tercera
Dichas declaraciones se remitían a la Contraloría en un sobre cerrado y, quienes conocen de este proceso, aseguran que el contralor no tenía ninguna herramienta disponible para verificar que su contenido fuera real, por lo que solo podía cumplir con recibir los documentos y archivarlos.
