Con el objetivo de resguardar la seguridad de la población y mitigar el riesgo de emergencias durante la temporada invernal, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas (DGA) de la región del Biobío, instruyó el cierre obligatorio de las bocatomas de canales y la adopción de estrictas medidas preventivas en la operación de embalses y tranques.
La instrucción, formalizada mediante la Resolución Exenta N° 1003 de la DGA, establece que todas las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de aguas y usuarios particulares que posean obras de captación en cauces naturales, deben mantener cerradas sus compuertas y retirar cualquier elemento que entorpezca el libre escurrimiento de las aguas.
La medida ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 21 de septiembre de 2026.
El director regional de la DGA Biobío, Matías Mendoza, enfatizó la urgencia e importancia de esta disposición, por cuanto "los pronósticos meteorológicos indican que enfrentaremos episodios de lluvias intensas y de corta duración".
En este escenario, acotó, "es vital que los ríos y esteros tengan su máxima capacidad de evacuación libre. Cuando una bocatoma queda abierta, el exceso de agua ingresa a canales artificiales que no están diseñados para soportar caudales de temporal, lo que termina provocando desbordes que inundan caminos, predios agrícolas y, lo más grave, amenazan la vida y los bienes de las personas".
EXCEPCIONES Y ALERTAS
La resolución establece excepciones exclusivas para aquellos canales que conduzcan aguas destinadas al consumo humano, uso doméstico, generación de energía, acuicultura o cultivos de invierno.
Sin embargo, estas infraestructuras deben operar bajo un estricto plan de emergencia: contar con personal competente, mantener los acueductos despejados y proceder al cierre inmediato de sus compuertas apenas Senapred declare Alerta Amarilla o Roja por crecidas.
FISCALIZACIÓN Y MULTAS
Para garantizar el cumplimiento de esta medida, la DGA ofició a las 33 municipalidades de la región y a las delegaciones presidenciales, solicitando su colaboración activa en la fiscalización territorial.
Desde la DGA advirtieron que mantener una bocatoma abierta constituye una infracción grave. Quienes no acaten la resolución se exponen a severas sanciones económicas -tipificadas en el artículo 173 ter del Código de Aguas-, las cuales serán aplicadas por los juzgados de policía local respectivos.
Las denuncias podrán ser presentadas tanto por los municipios y autoridades de gobierno, como por cualquier ciudadano que se vea perjudicado.
"El llamado a las organizaciones de usuarios es a la responsabilidad y la prevención. Cuidar nuestra infraestructura y proteger a las comunidades vecinas es una tarea que requiere el compromiso de todos", destacó el seremi de Obras Públicas, José Piña.