En nueva Constitución: Seguridad y acceso son las principales preocupaciones del agro ante el cambio en usos de agua

¿Cuántos canales cruzan Los Ángeles?

El más conocido sin duda es el Quilque, que atraviesa el centro de la ciudad. Más al norte, El Bolsón, en un sector de reciente urbanización.

Hay más, Paillihue, Pichiquilque, Diuto.

Son una parte importante del paisaje urbano angelino. El Quilque pasa cerca del casino, da la bienvenida a los pasajeros que arriban al terminal rural, y a los que compran en la vega.

Los esteros y canales no son solo esto. Forman parte de un conjunto mayor, diseñado y construido hace décadas, un sistema complejo con que se riegan 120 mil hectáreas, y que está en la base de la principal actividad económica de Biobío: la agricultura y ganadería.

Estos canales usan las aguas del Laja y del Biobío para constituirse como una de las principales superficies de riego en el país. Estas 120 mil hectáreas, corresponden casi la décima parte del millón y medio que hay en todo Chile.

Regular esto implica un grado organizacional complejo.

En lo inmediato, están las Juntas de Vigilancia, que se encargan entre otras cosas, de mantener funcionando los distintos canales o esteros. Hay asociaciones de regantes, que cumplen un rol destacado sobre todo a la hora de incorporar tecnología para aprovechar mejor el agua.

El Estado interviene con la Dirección General de Aguas, donde están inscritos los derechos de agua.

Este esquema fue actualizado recientemente, a comienzos de año, con una modificación al Código de Aguas.

El cambio, prioriza el consumo humano, el saneamiento y usos domésticos de subsistencia.

La propuesta de nueva constitución añade modificaciones a este esquema de múltiples factores.

Sobre todo porque ocurre en un contexto de crisis hídrica, con una sequía que se arrastra desde hace más de diez años y que añade tensión. Si no era fácil cautelar los derechos de todos los involucrados en el uso del recurso más básico y vital, ahora que comenzó a hacerse escaso, cualquier solución dejará grupos disconformes.

RÍO REVUELTO

La propuesta de Constitución aborda las temáticas relacionadas con el agua en un capítulo aparte, en los artículos que van del 140 al 144.

Establece como primera cosa, una demanda largamente tramitada por agrupaciones rurales como Modatima, Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, que es la preminencia del consumo humano.

Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos, señala el texto constitucional.

Para velar por este derecho, se crea la Agencia Nacional del Agua, que tiene múltiples tareas.

Muchas de ellas, son reconocidas como valiosas por asociaciones de regantes y agricultores en Biobío, como la idea de mejorar la gestión del recurso, considerando cada cuenca hídrica como unidad.

Otras, no tanto.

Sobre todo, la intención de terminar con la actual fórmula para entregar derechos de agua, que pasan a ser autorizaciones de uso.

Dice la propuesta de Carta Magna que el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento.

Es apenas una oración diferente, derechos de agua cambia a autorizaciones de uso. Pero representa una vuelta en 180 grados al sistema que rige hoy, señala Héctor Sanhueza, de la Asociación de Canalistas del Laja.

Esta historia, está asociada a situaciones de los últimos tiempos. Hay que entender que cayó la oferta hídrica, y se aumentó la demanda, los conflictos se exacerbaron, dice.

En términos generales, la provincia de Biobío en general, ha resuelto históricamente su desarrollo con el uso del agua, hay una matriz energética en el Duqueco, Laja y Biobío, y por otro lado somos la provincia con la superficie de riego más grande de Chile, de modo que el uso del agua es determinante, añade.

La fórmula que permitió, en que Chile definió desde su origen cómo iba a manejar sus aguas, para incentivar la actividad agrícola, privada, y que nace con el primer canal de riego construido a comienzos del siglo XIX, es el derecho de agua, cuenta.

Chile riega hoy 1,5 millones de hectáreas, y más de un 50% de esa infraestructura la construyeron los privados. Este esquema nace, y ha privilegiado siempre, la seguridad jurídica para fomentar la inversión en riego, explica.

La nueva constitución cambia radicalmente la situación, concluye.

Lo que viene a hacer la Constitución es un cambio completamente diferente, parte en la base misma en cómo se había resuelto la forma de derecho hídrico. Transforma el derecho de uso en autorizaciones administrativas, y el solo significado de ambos conceptos genera un cambio, más aún si en el proyecto se especifica lo que son estas autorizaciones, advierte.

Estas vienen de la Agencia Nacional del agua, no son comerciales, es decir, nominativas y para un uso específico, no se pueden traspasar a un tercero, entonces cuando se venda una tierra o se herede, no se puede traspasar la autorización de agua, critica.

Según el dirigente, este cambio fomenta inestabilidad en el agro. Esto, pues no entrega seguridad a los inversores.

Hoy, la agricultura de gran escala, depende de costosa infraestructura y maquinaria para rendir. Es decir, se ha convertido en una industria de uso intensivo de capital. Requiere financiamiento bancario, y la banca pide como garantía... el acceso al agua.

DERECHOS DE AGUA

El cambio a autorizaciones de uso cambia en lo fundamental el sistema.

José Miguel Stegmeier, presidente de Socabío, dice que la única explicación para esto es que este apartado se hizo por personas que no conocen nada del campo.

El Derecho de Agua es fundamental para la agricultura, es la seguridad que hace posible invertir en riego tecnificado, en mejoras, sostiene.

Ahora, en lugar de que cada agricultor tenga su propio derecho de agua, va a tener que realizar un trámite administrativo frente al Estado, y nada nos da la seguridad de que esto sea estable. El gobierno de turno puede cambiar de signo, y con eso, el uso del agua. No es responsable, comenta.

Además, hay un riesgo grande de que en torno a estas autorizaciones, se genere una corruptela enorme. Piense en el poder que van a tener las personas que entregan en el fondo, el agua, previene.

Yo entiendo el conflicto que hay detrás y la idea del consumo humano, me parece muy razonable. Pero no entiendo cómo la propuesta incorpora cosas como la seguridad alimentaria, o el derecho a una alimentación saludable, al mismo tiempo que pone trabas al desarrollo de la agricultura en lo fundamental, se queja.

EL VALOR VITAL DEL AGUA

El acceso al agua se transformó en uno de los debates más relevantes en la Convención Constituyente.

En el texto se plantean mejoras respecto del actual sistema. Entre las más relevantes, la idea de que la gestión del recurso debe ser integral y contemplar una cuenca hídrica completa.

Distintos centros de estudio, como Eula, de Universidad de Concepción, han plantado hace tiempo las ventajas de un sistema de gobernanza como este. En países como Italia, Estados Unidos o México, el Estado tiene un rol en la gestión de grandes cursos de agua, buscando equilibrar la generación de energía, el riego, la protección del medio ambiente y el consumo humano.

En caso de aprobarse la nueva Constitución en el Plebiscito del 4 de septiembre, la Agencia Nacional del Agua será la encargada de implementar los cambios. Esto, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales, para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución".

FRASES

El Derecho de Agua es fundamental para la agricultura, es la seguridad que hace posible invertir en riego tecnificado, en mejoras. José Miguel Stegmeier, presidente de Socabio.

Esta historia está asociada a situaciones de los últimos tiempos. Hay que entender que cayó la oferta hídrica, y se aumentó la demanda, los conflictos se exacerbaron. Héctor Sanhueza, presidente de la Asociación de Canalistas del Laja.