Parlamentarios piden cumplimiento de medidas de seguridad tras dictamen por violencia en Alto Biobío

Parlamentarios del Distrito 21 y la región del Biobío se refirieron al dictamen de la Corte Suprema, en cuanto a llevar a cabo un plan de acción efectiva y de seguridad para resguardar a las víctimas de hechos de violencia de Alto Biobío, específicamente del hostal Doña Pola, por parte de la Delegación Presidencial de la región del Biobío.

Mientras que el senador Gastón Saavedra manifestó que la determinación de la justicia se ajusta plenamente a lo que señala la Constitución, la diputada Flor Weisse calificó de impresentable que tenga que ser el Poder Judicial el que tenga que ordenar al Ejecutivo el cumplimiento de las medidas de seguridad en la zona.

SE AJUSTA A LO QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN

El senador por la región del Biobío, Gastón Saavedra (PS), se refirió a este dictamen de la Corte Suprema ante los hechos de violencia que han sufrido los propietarios del reconocido hostal ubicado en la comunidad de Callaqui.

Precisó que el planteamiento que hace la Corte respecto del proceder de la Delegación Regional del Biobío se ajusta plenamente a lo que señala la Constitución Política del Estado.

En esa misma línea, enfatizó que todas las autoridades públicas nos regimos por esta Carta y allí se establece claramente que, con respecto al orden y la seguridad del territorio es responsabilidad de la delegación regional.

Junto con lo anterior, Saavedra enfatizó que el ejecutivo en la zona debe hacer responsable ante los hechos de violencia que afectan a los ciudadanos de la zona cordillerana de la provincia de Biobío.

En particular, indicó que tiene que evitar que ocurran hechos y sucesos que atenten contra los derechos de las personas, de ahí es que se tiene que hacer responsable por lo tanto de desplegar todas las iniciativas, cumpliendo el mandato del Presidente o del Ministerio del Interior, y que tiene que desplegar iniciativas tendientes a representar ante los tribunales la protección de los derechos de las personas que son violados en actos que son violentos y atentatorios contra su propiedad o la vida cotidiana de los ciudadanos y cuidadanas de la región del Biobío, precisó.

Gastón Saavedra

ME PARECE INCREÍBLE E IMPRESENTABLE

Por su parte, la diputada del Distrito 21, Flor Weisse (UDI), fue crítica frente a esta ordenanza de la Corte Suprema frente a los representantes del Ejecutivo en la zona, donde reiteró que aún se mantienen a la espera de la presentación de acciones judiciales frente a diversos hechos de violencia rural en la provincia.

En este caso, manifestó que me parece increíble e impresentable que, por segunda vez, tenga que ser la Corte Suprema la que le ordene al Poder Ejecutivo, a través de la Delegación Presidencial, para que cumpla con el rol por el cual han sido mandatados, y que es entregar seguridad a las personas.

En este mismo punto, la parlamentaria enfatizó que no han presentado las querellas, no han presentado el plan de seguridad ni menos se han coordinado las acciones tendientes a lo cual hoy el Poder Judicial ha tenido que ordenar a la Delegación Regional del Biobío a que lo haga. Seguiremos esperando, y ojalá la indolencia del gobierno alguna vez se remezca y cumplan con el rol para el cual están en el cargo, finalizó.