martes 20 de agosto, 2019

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Estado deberá pagar $180 millones a familia de detenido desaparecido en Quilaco

Se trata de Gabriel José Flores Vivero, quien fue secuestrado por carabineros y civiles el 3 de noviembre de 1973 cerca del campo donde vivía.


 Por Benjamín Ahumada

Velatón en Estadio Nacional a 45 años del golpe de estado.
Santiago 10 septiembre 2018. Velaton en Estadio Nacional a 45 años del golpe de estado de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Marcelo Hernandez/Aton Chile

El fallo ya está en la etapa del cúmplase y fue reconocido por la Corte de Apelaciones de Concepción. El Estado no apeló a la Corte Suprema.

El caso de Gabriel José Viveros Flores (29 años al momento de su detención) es distinto a otros, pues no había causa política ni apego ideológico que obligara a las fuerzas represivas de la dictadura a emitir una orden para su captura.

Habían pasado casi dos meses desde el Golpe de Estado y las fuerzas que buscaban a los partidarios de Salvador Allende recorrían Chile, pero en algunos casos simplemente apresaron a personas que ni siquiera estaban involucradas en política, como fue el caso de Viveros.
El nombre de este agricultor de Biobío y su historia aparecen detallados en el Informe de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, conocido como el “Informe Rettig”.
Dicho trabajo fue encargado por el Presidente de La República, Patricio Aylwin a un grupo de ciudadanos. La presidencia de la comisión quedó en manos de Raúl Rettig Guissen, que era acompañado por Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea Egaña, Mónica Jiménez de La Jara, Ricardo Martin Díaz, Laura Novoa Vázquez, Gonzalo Vial Correa y José Luis Zalaquet Daher. Como secretario fue designado Jorge Correa Sutil.
Según señala la Biblioteca del Congreso: “el informe Rettig es el nombre con que se conoce al informe final entregado, el 9 de febrero de 1991, por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile durante la dictadura Augusto Pinochet. La Comisión sesionó durante nueve meses y su informe cubrió el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990”.

GABRIEL JOSÉ VIVEROS FLORES

No hay un registro gráfico del agricultor de Quilaco. Su familia ha querido permanecer en el anonimato, quizás por miedo o por el deseo de superar la pérdida y la forma en que ocurrió.
Tampoco hay números de celulares donde contactar a su esposa y tres hijas y si bien su domicilio está en las causas judiciales, lo cierto es que su abogado, Juan Francisco Arellano pidió la reserva, pues así se lo solicitaron sus representadas.

Arellano relata que: “esta historia parte en noviembre de 1973, cuando un campesino de Quilaco es detenido por una patrulla de Carabineros y un grupo de civiles, eso aparece en el informe Rettig”. Ese campesino es Gabriel Viveros, quien se encontraba junto a otro hombre, de 51 años, detenido y desaparecido en las mismas circunstancias: José Roberto Molina Quezada.

El texto del trabajo post dictadura señala, en su Tomo I, Tercera Parte: Septiembre – Diciembre de 1973 respecto de la Región del Biobío y Quilaco: “El día 3 de noviembre 1973 son detenidos en su domicilios por Carabineros de Quilaco y dos civiles de la localidad: José Roberto MOLINA QUEZADA, 51 años, agricultor y Gabriel José VIVEROS FLORES, 29 años, obrero agrícola. Sus familias recorrieron diversos centros de detención, en todos ellos les fue negada su presencia. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Los antecedentes particulares y los generales del procedimiento empleado en esta localidad hacen a esta Comisión formarse convicción que la detención y posterior desaparición de José Roberto Molina y José Viveros son de responsabilidad de agentes del Estado y civiles que colaboraban con ellos quienes, así violaron sus derechos humanos”.

El argumento del informe fue base para que 45 años más tarde la justicia ordenara al Estado chileno a indemnizar a la familia de un hombre que estaría en los 75 años de edad.

En este sentido, el abogado querellante, es claro: “la justicia determinó que efectivamente el señor Viveros es un Detenido Desaparecido, por lo tanto sufrió un crimen de lesa humanidad por un agente del Estado. El fallo establece el daño moral, que es el sufrimiento y el dolor que causó a sus familiares y el tribunal determinó esa cifra”.

Juan Francisco Arellano

En concreto, nuestro estado deberá pagar $180 millones de pesos, pese a que la demanda original solicitaba más de 600 por los daños morales causados a la esposa y tres hijos del campesino.

El abogado detalló que “es una causa que está afirme y que resolvió el Segundo Juzgado de Letras de Concepción y que la Corte de Apelaciones la confirmó. En este caso el Estado no recurrió a la Corte Suprema. El fallo está en etapa de cúmplase, el Estado debe cumplir con la condena que dictó la justicia”.

Pero más allá del tema judicial y de las respuestas técnicas, lo cierto de que Juan Francisco Arellano ve el secuestro y desaparición de Viveros como algo fuera de lo común en cuanto a los motivos de la detención y a lo que ocurrió en Quilaco: “eso fue lo extraño de este caso y en realidad de todos los desaparecidos que hubo en Quilaco. Fueron campesinos que no tenían participación política, no participaron en la Reforma Agraria, tampoco participaron del gobierno de Allende, eran personas humildes que, simplemente, vivían en el campo”.


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