Condenan a ex funcionaria del IPS de Los Ángeles por estafa al Fisco

A 300 días de presidio menor en su grado mínimo fue condenada la ex funcionaria del IPS de Los Ángeles por el delito de Estafa al Fisco en la figura de obtención fraudulenta de prestaciones.

Ello, en el marco de una investigación desarrollada por la Unidad Anticorrupción y Delito Económico del Ministerio Público de Los Ángeles, en la cual se acusó y formalizó a Marcela Gómez Bravo por dicho ilícito.

Durante el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2011 y diciembre de 2012, Gómez Bravo cobró diversos documentos mercantiles -denominados órdenes de pago- emitidos fraudulentamente a su nombre y al de una persona de su confianza, los que fueron cargados a fondos bancarios de propiedad del IPS.

En un juicio abreviado, “se expuso al Tribunal todos los antecedentes que se habían logrado reunir y que decían relación con que la imputada cobró –aproximadamente- 19 órdenes de pago que son similares a cheques que se emiten por parte del IPS en favor de empleadores por prestaciones sociales”, detalló el fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán.

Asimismo, el persecutor agregó que los cobros fueron realizados en diversas ocasiones por montos que fluctuaron entre los 400 y un millón 200 mil pesos, totalizando más de 13 millones entre el año 2011 y el 2012.

“La obtención de estos documentos se generó mediante el ingreso fraudulento de datos al software del IPS de Los Ángeles (...), utilizando claves de funcionarios activos, los cuales no intervinieron en dichas operaciones, y que vulneraron las seguridades que tenía dicho programa”, explicó el fiscal.

De igual forma, Durán explicó que –mediante esta manipulación de datos- se logró aumentar los montos que legalmente correspondían a los empleadores y generar estos cheques ideológicamente falsos, los cuales se emitieron a nombre de Gómez y de una mujer de su confianza, de la cual ella tenía mandato para cobrar dicha documentación.

Durán explicó que –conforme al procedimiento del IPS- una vez que se emiten estos cheques u órdenes de pago, “se envían al domicilio registrado del empleador; en este caso, al de la imputada, quien –conforme se acreditó- los recibió y los cobró por caja en los bancos respectivos, quedándose con el dinero”.

La investigación no logró determinar quiénes manipularon el sistema, pero sí pudo determinar que Gómez cobró los cheques y consumó el delito.

Gómez fue condenada a una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa. Asimismo, el tribunal le otorgó la pena sustitutiva de remisión condicional de la condena; esto significa podrá cumplirla en libertad, bajo control de Gendarmería, firmando mensualmente durante el tiempo que ésta dure.

Al momento de dictaminar la sentencia, el tribunal consideró dos atenuantes: la de irreprochable conducta anterior y la colaboración con la investigación.