El Congreso despachó a ley el proyecto conocido como "Escuelas Protegidas" que introduce modificaciones relevantes al funcionamiento interno de los establecimientos, principalmente en materias de seguridad, convivencia escolar y respuesta ante hechos de violencia.
La normativa se da en un contexto marcado por la preocupación por episodios de agresiones, amenazas y situaciones de conflicto dentro y fuera de comunidades escolares, lo que ha impulsado un debate respecto de las herramientas disponibles para resguardar a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
QUÉ CAMBIA EN LOS COLEGIOS
Uno de los principales cambios que introduce la nueva ley es la posibilidad de que los recintos incorporen, en sus reglamentos internos, procedimientos de revisión preventiva, incluyendo mochilas, bolsos y otros efectos personales de estudiantes, siempre que estos estén previamente establecidos y se apliquen bajo condiciones justificadas.
También habilita a solicitar que estudiantes exhiban o vacíen el contenido de sus bolsillos en situaciones específicas, cuando existan antecedentes o circunstancias que lo ameriten, resguardando que estas acciones estén reguladas dentro de los protocolos internos.
Otro eje central es la implementación de protocolos de actuación ante la detección de elementos peligrosos, lo que obliga a activar medidas inmediatas de resguardo dentro del establecimiento, incluyendo la comunicación a apoderados y, cuando corresponda, la coordinación con fuerzas de orden y seguridad.
La ley refuerza sanciones frente a hechos de violencia en contextos escolares con restricciones para el ingreso de personas que hayan agredido a funcionarios de la educación. Entre ellas, se contempla la posibilidad de impedir el acceso a establecimientos a apoderados que hayan cometido agresiones físicas, verbales o digitales.
Asimismo, la normativa contempla sanciones a adultos condenados por delitos contra docentes o asistentes de la educación, incorporando inhabilidades que pueden incluir la prohibición de contratar con el Estado por un período determinado.
TRAMITACIÓN EN EL CONGRESO
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados con 105 votos a favor y 46 en contra, en una discusión marcada por la preocupación pública respecto de la violencia escolar y la necesidad de reforzar la seguridad.
Durante la discusión legislativa coexistieron dos miradas: por un lado, quienes defendieron la entrega de mayores herramientas de control y resguardo para las comunidades educativas, y por otro, quienes advirtieron que el foco debía mantenerse en la prevención, la convivencia escolar y el fortalecimiento de equipos psicosociales.
POSICIÓN DE LA AUTORIDAD REGIONAL
En el Biobío, la seremi de Educación, Teresa Carrasco, destacó el rol de la seguridad como condición básica para el funcionamiento de las comunidades educativas.
"Lo primero que queremos reforzar es que las escuelas deben ser espacios seguros donde los estudiantes y los docentes puedan concentrarse en lo más importante, que es enseñar y aprender", señaló.
Agregó que "esta ley responde a una demanda real de las comunidades educativas y entrega herramientas concretas para enfrentar situaciones graves de violencia, y la idea es que los establecimientos educacionales puedan comenzar a implementar esto para disponer de estas herramientas que les permiten hacer frente a los hechos de violencia".
Finalmente, sostuvo que "también valoramos el respaldo de los parlamentarios que permitió sacar adelante esta iniciativa en beneficio de las comunidades educativas, reforzando que la seguridad y la convivencia son condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la educación".
DEBATE EN LOS ÁNGELES
En la provincia de Biobío, y particularmente en comunas como Los Ángeles, la aprobación ha generado distintas reacciones en el mundo educativo respecto de su enfoque.
Mientras algunos actores del sistema valoran la incorporación de herramientas de seguridad, desde el profesorado han manifestado reparos frente a lo que consideran una orientación excesiva hacia el control y la vigilancia dentro de los establecimientos educacionales.
En esa línea, han señalado que "las comunidades educativas ya operan bajo una alta presión, con recursos limitados y una creciente complejidad social, lo que dificulta la implementación efectiva de nuevas exigencias administrativas sin un refuerzo paralelo del sistema".
Desde el Colegio de Profesoras y Profesores de Los Ángeles, se señaló —en una declaración pública emitida en el marco de la movilización convocada recientemente por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y organizaciones de estudiantes secundarios— que "las actuales políticas educacionales continúan profundizando el debilitamiento de la educación pública".
En ese mismo documento, el gremio docente advirtió que "la violencia escolar no puede abordarse únicamente desde medidas punitivas o de fiscalización, sino que requiere un fortalecimiento estructural del sistema educativo, con mayor inversión en convivencia escolar, equipos interdisciplinarios y apoyo psicosocial".
Asimismo, el profesorado local enfatizó que "la responsabilidad de enfrentar la violencia escolar no puede recaer exclusivamente en los establecimientos, sino que debe abordarse como un fenómeno social más amplio que requiere políticas públicas integrales".
