Pagos por cerca de $14 mil millones asociados a raciones de alimentos que nunca habrían sido entregadas a estudiantes fueron parte de los antecedentes analizados por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, en una sesión centrada en las presuntas irregularidades detectadas en la administración anterior de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
La información fue expuesta por el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, quien presentó los resultados preliminares del denominado "Plan de Inspección Total", proceso de auditoría interna impulsado por el Ejecutivo para revisar contratos y procedimientos vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De acuerdo con lo informado, la investigación detectó anomalías calificadas como "gravísimas", entre ellas, pagos efectuados por raciones de alimentos y onces que no registraban entrega efectiva a los beneficiarios. La situación se habría concentrado principalmente en tres unidades territoriales de la Región de O'Higgins.
Uno de los casos expuestos ante los parlamentarios corresponde a 2021, cuando se proyectaron más de 800 mil raciones sin respaldo de distribución, pese a que se realizaron pagos superiores a los $2 mil millones. Según la auditoría, un escenario similar se habría registrado durante 2022, período en que nuevas proyecciones sin ejecución efectiva derivaron en desembolsos que superaron los $3.500 millones.
Durante la sesión también se abordó la situación de la empresa Soser S.A., respecto de la cual se detectaron diferencias significativas entre los precios cobrados por distintos servicios contratados por el organismo.
CONTRATOS BAJO REVISIÓN
La exposición incluyó antecedentes relacionados con procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar. En ese contexto, se informó que en 2019 Junaeb contrató mediante trato directo a la empresa Inventia Consultores SpA por un monto de $120 millones para elaborar las bases de licitación del programa correspondiente al período 2021-2023.
Posteriormente, la investigación interna estableció que durante 2022 y 2023 se aprobaron modificaciones contractuales que no habrían sido sometidas al control preventivo de legalidad de la Contraloría General de la República.
Ante estos antecedentes, el director nacional de Junaeb confirmó que toda la documentación recopilada fue remitida tanto a la Contraloría como al Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones respectivas y la eventual determinación de responsabilidades.
PREOCUPACIÓN POR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA
La comisión abordó otro tema que genera inquietud en el sector: el futuro del Programa de Alimentación Escolar. La discusión surgió a raíz de la Circular Nº 16 emitida por el Ministerio de Hacienda en abril de este año, documento que planteó la posibilidad de revisar o descontinuar determinados programas públicos.
En la sesión participaron representantes de las manipuladoras de alimentos, quienes manifestaron preocupación por las consecuencias que eventuales modificaciones podrían tener para el sistema.
La presidenta de la Confederación de Trabajadores del Programa PAE-PAP, Alejandra Muñoz, sostuvo que la calidad del servicio entregado a los estudiantes está estrechamente ligada a las condiciones laborales de las trabajadoras encargadas de preparar y distribuir los alimentos.
Los integrantes de la Comisión de Educación coincidieron en la necesidad de esclarecer completamente los hechos denunciados, reforzar los mecanismos de control y asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a alimentación escolar.
Asimismo, recalcaron que cualquier cambio que se evalúe para el Programa de Alimentación Escolar debe resguardar la continuidad de una política pública que beneficia diariamente a miles de estudiantes en el país, evitando impactos en la cobertura y calidad de las prestaciones entregadas a la comunidad escolar.
