Hay delitos que no solo transgreden la ley, sino que cruzan una frontera ética que como sociedad jamás deberíamos aceptar. Robar alimentos destinados a un jardín infantil es uno de ellos.
Esta semana conocimos una noticia que duele más allá de las cifras: el jardín infantil Mi Gran Mundo de sector sur de nuestra comuna sufrió su séptimo robo en lo que va del año. No se llevaron computadores, dinero o artículos de valor comercial. Se llevaron la comida de 140 párvulos. La leche, los alimentos y los utensilios con los que diariamente se prepara la alimentación de niños y niñas que, para muchas familias, encuentran allí no solo educación y cuidado, sino también una nutrición esencial para su desarrollo.
Lo que más impacta de esta historia no es únicamente el número de robos, sino que la cadena de perjuicios que va mucho más allá de las pérdidas materiales. Los niños dejan de recibir alimentación y educación; las familias ven alterada su rutina laboral; las educadoras deben enfrentar nuevamente los daños y reorganizar un trabajo pensado para el bienestar de la infancia; en definitiva, la inseguridad alcanza a toda una comunidad educativa.
La gravedad de estos hechos también queda reflejada en la evolución de la violencia. Lo que comenzó con candados forzados terminó con techos destruidos y daños estructurales que ya superan los 17 millones de pesos. A ello se suma una infraestructura antigua que aún espera su reposición definitiva.
Resulta positivo que existan gestiones para reponer la alimentación y reforzar la seguridad mediante un nuevo sistema de cámaras y alarmas. Son medidas necesarias y urgentes para devolver la tranquilidad a una comunidad que no puede seguir viviendo con la incertidumbre de un nuevo ataque. Sin embargo, la mayor enseñanza que deja este caso es que la seguridad de la infancia no admite demora. Un jardín infantil debe ser un lugar donde la principal preocupación sea el aprendizaje, el juego y el desarrollo de los niños, no la posibilidad de convertirse nuevamente en blanco de la delincuencia.
Cuando quienes terminan pagando las consecuencias son los párvulos y sus familias, la urgencia deja de ser solo policial, y se convierte en un desafío para toda la comunidad, llamada a proteger aquellos espacios que representan el primer peldaño en la formación y el cuidado de las futuras generaciones. La infancia debe ser un territorio sagrado, por tanto, quien roba la comida de un niño o niña no solo comete un delito; atenta contra el principio más elemental de convivencia: proteger a quienes menos pueden defenderse.