Hace un año y medio se encuentran paralizadas las obras del proyecto habitacional que debía beneficiar a 200 familias de la comuna de Quilleco, correspondientes a los comités San Lorencito II (122 viviendas) y Unión y Esperanza (78 viviendas), bajo la modalidad de Construcción en Nuevos Terrenos (CNT)
El 10 de septiembre de 2024, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) puso término anticipado al contrato con la empresa a cargo de la ejecución, argumentando incumplimientos contractuales asociados a un atraso superior al 20% entre el avance real de las obras y lo programado. Tras esa decisión, la empresa presentó una acción judicial que incluyó una medida precautoria, la cual impide que el ministerio pueda recontratar o celebrar un nuevo contrato mientras la causa no sea resuelta. En la práctica, ello mantiene las obras paralizadas, sin posibilidad de retomar trabajos ni avanzar administrativamente en una nueva licitación.
En una reunión sostenida recientemente con el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, las dirigentas de los comités y el alcalde de Quilleco fueron informados de que la tramitación judicial podría extenderse por todo este año, sin una fecha definida para que la causa sea puesta en tabla.
Este escenario prolonga la incertidumbre en las familias, quienes ven que mientras el proceso judicial sigue en curso, las estructuras levantadas continúan expuestas al deterioro y lo que es peor, deben seguir pagando arriendos o viviendo en condiciones transitorias, víctimas de un conflicto contractual que más allá de las posiciones institucionales, dejan en evidencia la falta de diligencia del Estado.
Esto no se trata solo de un desafío jurídico, sino que también administrativo y social, donde es indispensable que las instituciones involucradas mantengan información permanente y clara hacia los comités, definan escenarios posibles y establezcan plazos tentativos para la concreción de las obras.
Quilleco enfrenta hoy un caso que pone a prueba la capacidad de las instituciones para resolver controversias sin trasladar sus costos a los vecinos. Sin duda, la legalidad debe resguardarse, pero también la confianza pública. Porque cuando un proyecto habitacional se detiene, no solo se suspenden obras: se rompe uno de los sueños más anhelados en toda familia, contar con su casa propia.