Los apedreos a camiones en la Ruta 5 Sur han escalado desde La Araucanía hacia las regiones del Biobío y Maule. El pasado fin de semana se registraron cinco ataques, uno en el sector Duqueco-La Isla, al sur de Los Ángeles. Las pasarelas peatonales son los puntos desde donde delincuentes lanzan piedras para forzar la detención de vehículos y robar carga, cabinas o agredir directamente a los conductores.
En 2025, un chofer perdió parcialmente la visión de un ojo tras recibir una pedrada en Linares. El hombre no puede volver a conducir, actividad que constituía la principal fuente de sustento familiar, lo que demuestra que esta escalada está afectando principalmente vidas y proyectos familiares.
La Federación de Dueños de Camiones Centro Sur elaboró un mapa de calor con los focos de agresiones y estableció contacto con autoridades. Carabineros coordinó reuniones con el jefe de Orden y Seguridad para desplegar servicios especiales en los puntos identificados. Asimismo, las jefaturas de Defensa Nacional para Biobío, Arauco y La Araucanía ofrecieron apoyo para vigilar las zonas críticas.
Estas medidas son un avance. La coordinación entre Carabineros, Fuerzas Armadas y el gremio camionero demuestra que con voluntad institucional y datos precisos, la respuesta puede ser oportuna. El compromiso de denunciar cada ataque para generar registro estadístico es fundamental: lo que no se mide, no se puede combatir.
Sin embargo, la violencia contra camioneros se suma a una presión más amplia que afecta a otros sectores productivos. La industria forestal en la macrozona sur enfrenta costos de aseguramiento que alcanzan hasta el 70% del valor de las máquinas. Proteger equipos vale casi tanto como perderlos. Esa desproporción refleja un territorio donde el riesgo se ha naturalizado y la impunidad forma parte de la ecuación.
Cada ataque incendiario, predio destruido y camión apedreado erosiona la confianza entre trabajadores, empresas y Estado. Productores pequeños renuncian a asegurar plantaciones, mientras contratistas dejan maquinaria sin protección. El miedo se convierte, así, en un costo fijo para operar.
La violencia no solo está afectando bosques ni máquinas, sino que está paralizando proyectos, frenando inversiones y obligando a familias a vender sus activos o replegarse. Ningún país se desarrolla sobre esa base. La zona centro sur de Chile no puede seguir pagando esos costos.
La coordinación desplegada contra los apedreos debe extenderse como modelo. La inseguridad no se combate solo con más policías, sino con datos, inteligencia, justicia efectiva y un desarrollo que devuelva sentido a la vida comunitaria. A estas alturas es claro que la violencia prospera donde el Estado se retira.
La zona centro sur necesita volver a creer que producir, emprender y crecer en su territorio no es acto de riesgo sino derecho. El miedo no puede seguir amenazando la paz social y la voluntad de toda persona a ejercer su trabajo.