Hace trece meses, la vida de Úrsula González fue arrebatada en la ruta entre Los Ángeles y Santa Bárbara, en un accidente provocado por una conductora que manejaba bajo los efectos del alcohol. A la espera del inicio del juicio oral, su familia no se cansa de denunciar lo que para muchos ya deja de ser un grito: ¡Basta de muertes provocadas por conductores ebrios!
Esta frase resume una falencia que Chile arrastra desde hace años: la persistencia de un problema social que no se combate solo con buenas intenciones. La conducción bajo la influencia del alcohol continúa siendo una causa significativa de accidentes de tránsito con resultados fatales. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), uno de cada diez siniestros viales con consecuencias fatales en nuestro país está relacionado con el consumo de alcohol por parte del conductor.
La familia de la joven víctima ha respaldado iniciativas como la llamada "Ley Úrsula", que busca que en casos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves se aplique automáticamente la prisión preventiva como medida cautelar. Esto no significa un afán de venganza, sino de justicia proporcional y prevención. No puede ser que la gravedad de estos hechos dependa únicamente del criterio discrecional de jueces y fiscales cuando el daño ya se ha concretado en una vida perdida o familias destrozadas.
La actual legislación —incluyendo la Ley Emilia— ha logrado reducir significativamente la cantidad de fallecidos por alcohol al volante desde su implementación, pero las cifras siguen siendo inaceptables y muchos casos terminan con penas que no reflejan el impacto social y humano de estos delitos. El Estado tiene la obligación de enviar un mensaje claro: quitar la vida de otro por manejar ebrio no es un error, es un grave delito que requiere una respuesta legal contundente.
Ahora bien, ninguna ley será verdaderamente eficaz si no va acompañada de una transformación cultural profunda. Los números muestran que, a pesar de las normas existentes, una proporción preocupante de la población sigue considerando socialmente aceptable conducir tras beber, y muchos temen más ser detenidos que causar daño mortal a otros. Esto indica que la educación vial en Chile aún es insuficiente.
Las campañas de conciencia deben ir más allá de eslóganes. Tienen que ser frecuentes, realistas, basadas en testimonios reales —como el de la familia de Úrsula— y orientadas especialmente a jóvenes y conductores recurrentes. Deben reforzar que un vehículo no es un juguete al que se sube uno con licencia y ganas, sino una máquina que, en manos irresponsables, se convierte en un arma letal.
Recordar a Úrsula no puede quedarse en una consigna. Debe traducirse en políticas públicas claras, modernización de la legislación penal y, sobre todo, en un cambio cultural que haga inaceptable en cualquier evento la idea de mezclar alcohol y conducción.