Este miércoles, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer los alcances provinciales del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, una apuesta de largo aliento que busca trascender los ciclos gubernamentales. Con una inversión que supera los $360 billones y más de 22.000 proyectos a nivel nacional, traza parte del Chile que se aspira construir en las próximas tres décadas y pone a prueba, desde ya, la capacidad efectiva del Estado de transformar esas promesas en obras concretas que impacten la vida de las personas.
La decisión de concentrar más del 50% de la inversión regional en la provincia de Biobío —$7,7 billones destinados a 670 proyectos— reconoce el potencial geográfico y productivo de un territorio que ha sido llamado en innumerables ocasiones a convertirse en un polo logístico del sur del país. Sus ventajas competitivas evidentes justifican esta priorización.
Su posición estratégica, la conectividad con Argentina y su potencial para desarrollar energías renovables no convencionales configuran un escenario propicio para ese desarrollo. La recuperación del Aeródromo María Dolores en Los Ángeles representa parte de esta apuesta por reinstalar a la capital provincial en el mapa de la conectividad comercial y turística nacional.
Las inversiones en seguridad hídrica —a través de planes maestros de aguas lluvias, sistemas de agua potable rural y saneamiento— responden a necesidades apremiantes de comunidades que han enfrentado escasez y problemas de calidad del agua, además, del compromiso con las energías renovables no convencionales posiciona a la provincia en la vanguardia de la transición energética y abre potencialidades para atraer inversiones privadas significativas.
Sin embargo, la experiencia nacional sugiere cautela respecto a la ejecución efectiva de planes de esta envergadura. La brecha entre la planificación y la implementación ha sido una constante en la gestión pública chilena, independientemente del color político de los gobiernos. La participación ciudadana y el carácter "dinámico" que las autoridades atribuyen al plan pueden ser elementos diferenciadores, pero requieren mecanismos concretos de seguimiento y rendición de cuentas.
La provincia de Biobío tiene ante sí una oportunidad histórica de redefinir su posicionamiento dentro del desarrollo nacional, de catalizar un círculo virtuoso de crecimiento económico mediante inversiones y de fortalecer la conectividad regional junto con la calidad de vida. El desafío es claro: que las promesas traspasen el papel y se conviertan en realidad tangible para los habitantes de la provincia, quienes, sin duda, esperan que el PNIP 2025-2055 cumpla su promesa de transformación territorial que la zona centro-sur del país requiere.