Este viernes conocimos un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló irregularidades por más de $1,5 billones en el aparato estatal. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, 792 fiscalizaciones documentaron que gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales y municipalidades han operado sin controles efectivos, gastando fondos públicos con escasa justificación.
Existen cerca de $359 mil millones en errores contables, $328 mil millones en contratos mal gestionados y $316 mil millones en rendiciones deficientes. Pero más allá de las cifras, lo que emerge es un patrón sistemático de negligencia administrativa que juega con los recursos y la confianza de los chilenos.
El caso más emblemático es el de los gobiernos regionales, con $303 mil millones objetados. En Biobío, una fundación recibió $324 millones sin poder justificar su uso. En Tarapacá, se aprobaron transferencias por $212 millones sin exigir garantías. En Los Ríos, $54 mil millones permanecen sin gestión de cobro.
La investigación académica sobre la crisis de confianza de 2019 demostró que los escándalos de corrupción y la mala gestión estatal fueron los que erosionaron la legitimidad democrática. Como documentó Mauricio Morales Quiroga, la crisis de probidad pública opera como catalizador de crisis más amplias. El estallido social tuvo entre sus causas estructurales la percepción ciudadana de que el Estado no solo era ineficiente, sino que operaba en beneficio de unos pocos.
Por lo mismo, el desorden fiscal remece directamente los pilares de la democracia. Los ciudadanos financian el aparato público a través de sus impuestos con la expectativa de que esos recursos se usen responsablemente para el bienestar común.
Los datos del Centro de Estudios Públicos (CEP) de abril 2025 documentan que a partir de 2019 existe apenas "un leve aumento en la confianza en las instituciones políticas", pero desde una base extremadamente baja. Por ello, este nuevo antecedente profundiza la brecha entre el Estado y la ciudadanía.
Lo más preocupante es que el desorden no es nuevo. Como reconoce Contraloría, muchas de estas irregularidades corresponden a operaciones de 2023 o años anteriores. Es decir, estamos ante un problema estructural que revela fallas sistémicas en el diseño de controles internos.
El desorden fiscal de $1,5 billones es un nuevo llamado de atención para implementar reformas estructurales que fortalezcan la transparencia, mejoren los controles internos y aseguren que cada peso público tenga destino conocido y justificado.
Un Estado que no puede rendir cuentas claras de sus recursos pierde legitimidad. La reconstrucción de la confianza pública pasa, necesariamente, por poner orden en la casa fiscal.