Los resultados del Barómetro Biobío 2024 de la Universidad de Concepción muestran que el 72,1% de los habitantes declara que "no se puede confiar en la mayoría de las personas" y que solo el 26,4% sostiene que diputados y senadores aportan de manera efectiva al desarrollo regional. Muy por el contrario, las universidades (65,8%) y los medios de comunicación (63,6%) aparecen como los principales contribuyentes, en un panorama donde la delincuencia (34,08%) y la seguridad ciudadana (14,63%) lideran los problemas urgentes que las autoridades deberían resolver.
El instrumento reporta, además, que el 59,5% no participa en organizaciones y que casi un 28% quiere abandonar la región. Esta pérdida de lazos sociales y baja legitimidad institucional constituyen la "tormenta perfecta" para el miedo y la búsqueda de soluciones inmediatas que, a menudo, prescinden del debate democrático.
El sociólogo Mauro Basaure describía, hace menos de un año, que la delincuencia se erigía "como la principal preocupación" y que el miedo se elevaba como "una de las emociones más reportadas". Ante ello, concluía que las percepciones de inseguridad económica, miedo a la delincuencia y desconfianza institucional han producido ambientes propicios para afectar la salud mental de la población.
El investigador Daniel Grimaldi agregaba, días después, que aunque estas condicionantes pueden afectar a los individuos de manera diferente, propician la hostilidad y la normalización de "la violencia como una manera de solucionar nuestros problemas".
Distintos estudios relacionan la percepción de amenaza con el deterioro emocional, lo que empuja a las personas a retraerse, reforzando la idea de que "cada uno se salva solo". La espiral es evidente: a menor confianza, menor cooperación; a menor cooperación, mayor vulnerabilidad; a mayor vulnerabilidad, más miedo y, nuevamente, más desconfianza.
Frente a este diagnóstico, insistir únicamente en aumentar patrullajes o endurecer penas es insuficiente. Los países con mejores indicadores de seguridad sostienen estrategias de largo aliento que combinan presencia policial legítima, planificación urbana y —sobre todo— capital social. Para el Biobío, eso implica fortalecer juntas de vecinos, impulsar programas de prevención temprana y transparentar la gestión pública.
No se parte de cero: el mismo Barómetro indica que la región confía en sus universidades y medios de comunicación, en una suerte de invitación a asumir la tarea de explicar los datos con rigor, de fiscalizar con ecuanimidad y de abrir espacios de diálogo que devuelvan a la ciudadanía la idea de un proyecto compartido.
En un escenario donde 7 de cada 10 personas miran al otro con recelo, la seguridad no se resolverá solo con más cámaras ni con un decreto de fuerza. Requiere reparar el tejido social y restaurar la confianza interpersonal y la credibilidad en las instituciones. Si no tomamos esa oportunidad, el vacío lo ocuparán la desinformación y el miedo. Y ambas, sabemos, son malas consejeras para la democracia y la convivencia.