El temporal del 14 y 15 de junio expuso la fragilidad del sistema eléctrico: en el peor momento, 198 mil clientes permanecían sin luz en la región, de los que 38 mil correspondían a Los Ángeles. Incluso este lunes aún había 10 mil 493 clientes sin servicio en Los Ángeles, 1.824 en Mulchén y 1.388 en Cabrero. Estas cifras no representan solo estadísticas, sino familias sin calefacción, empresas paralizadas y servicios básicos colapsados.
El sistema eléctrico chileno opera con redes radiales, donde un solo punto de alimentación redistribuye la energía. Cualquier ruptura en el recorrido —un poste caído, un transformador averiado— deja sin servicio a todos los usuarios de más abajo. En Los Ángeles, solo en una madrugada se derribaron 68 árboles y tres postes.
Esta vulnerabilidad estructural se agrava en Biobío por características geográficas específicas: extensas zonas rurales con tendido aéreo atravesando vegetación densa, infraestructura obsoleta y falta de redundancias. Las empresas reconocen operar en una zona eminentemente arbórea, pero las inversiones en automatización y segmentación siguen siendo insuficientes.
Las autoridades han sido claras respecto de que existe mucho que mejorar frente a una respuesta empresarial lenta, descoordinada y con deficiencias comunicacionales graves. No es aceptable que en pleno 2025 las familias permanezcan días sin información sobre cuándo volverá el suministro.
Los expertos plantean, invierno tras invierno, que debe abandonarse la evaluación determinista del riesgo y adoptar criterios probabilísticos que consideren eventos extremos como normales. La Superintendencia de Electricidad aspira a reducir la indisponibilidad promedio a una hora para 2050, meta que debe priorizarse en zonas rurales.
También plantean acelerar la automatización de redes. La experiencia de la Sociedad Austral de Electricidad S.A. (Saesa) demuestra que con equipos de maniobra remota se puede reducir de 3 mil a 200 los clientes afectados por un corte en pocos minutos. Esta tecnología existe, pero requiere inversión que las empresas y el Estado han postergado.
Igual de relevante es mejorar el mantenimiento preventivo. La poda sistemática de árboles cerca de líneas y la limpieza de cauces son medidas básicas que evitan fallas, pero que en una provincia como Biobío nunca son suficientes.
Es lamentable que la provincia de Biobío se vea afectada por el mismo fenómeno temporal tras temporal. Las empresas distribuidoras y el propio Estado deben invertir en infraestructura resiliente y sistemas de respuesta rápida.
Las autoridades deben facilitar permisos para obras críticas y exigir estándares de continuidad acordes al siglo XXI. Los usuarios merecen un servicio confiable y no solo críticas y promesas después de cada temporal.
Antes del próximo sistema frontal, la ciudadanía se pregunta si la zona enfrentará nuevamente horas de oscuridad por la incapacidad de aprender de las crisis.