La revelación de que 10 fiscales y 32 funcionarios del Ministerio Público viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica ha vuelto a sacudir la confianza en el Estado. El denominado "Caso Licencias" destapó prácticas impropias en 11 regiones del país e, incluso, un fiscal del Biobío figura entre los involucrados, en una conducta que compromete la integridad del servicio público.
La Fiscalía, como órgano persecutor, debiera ser ejemplar en el cumplimiento de las normas. Su legitimidad se funda no solo en perseguir a quienes infringen la ley, sino en que sus propios integrantes demuestren un apego irrestricto a esa misma ley. Por eso, saber que integrantes de la Fiscalía habrían incurrido en conductas reprochables causa indignación.
Cuando un funcionario usa su licencia médica con fines personales, transgrede una norma y quiebra el pacto de confianza con la ciudadanía. La probidad no es un ideal abstracto, sino la piedra angular que permite el funcionamiento de las instituciones y, si se corrompe, la legitimidad del sistema tambalea.
Que miembros de la entidad encargada de perseguir delitos habrían aprovechado resquicios en beneficio propio siembra dudas sobre su compromiso con los valores que proclama la Fiscalía y refuerza la idea de un trato desigual entre autoridades y ciudadanos.
Asimismo, estos hechos empañan la imagen de la gran mayoría de servidores públicos que cumplen su deber, pues siembran sospechas sobre todo el funcionariado. Surge, además, la interrogante de por qué estos viajes pasaron inadvertidos durante años, lo que evidencia debilidades en los controles internos.
Académicos señalan que enfrentar esta crisis ética requiere más que sanciones puntuales, sino que un cambio cultural dentro del Estado. Tal vez uno como el que la Contraloría General de la República está impulsando.
En cualquier caso, se requiere reforzar la formación ética de los funcionarios, mejorar la transparencia en los procesos y asegurar que las faltas a la probidad se detecten y sancionen a tiempo. La Fiscalía Nacional ha anunciado sumarios administrativos y posibles desvinculaciones, medidas indispensables que deberán ser respaldadas por hechos que demuestren un compromiso genuino con la integridad. Lo último que puede perder quien administra la justicia es su autoridad moral.