El reciente balance entregado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) para la región del Biobío muestra una señal alentadora: se ha avanzado un 38% en la ejecución del Plan de Acción Regional de la Estrategia Nacional de Drogas 2024-2030. Aunque pueda parecer un porcentaje discreto, representa un paso firme en una tarea compleja, de largo aliento y con múltiples aristas como son la prevención y rehabilitación del consumo de sustancias.
El plan, que se implementa en coordinación con un comité interministerial y la sociedad civil, contempla seis objetivos estratégicos tendientes a no solo a reducir la prevalencia del consumo de drogas, sino que también abordar sus causas y consecuencias sociales y sanitarias, tanto en personas como en comunidades. A la fecha, de las 55 iniciativas comprometidas por Senda y los organismos asociados, ya se han concretado 21 acciones específicas, por lo que se proyecta un cumplimiento del 58% para diciembre de 2025.
Para ello, el enfoque integral que contempla el plan —con objetivos que van desde la prevención en niños, niñas y adolescentes, hasta la integración social de personas rehabilitadas— se visualiza como un camino certero. La labor intersectorial es, en este sentido, un valioso activo, donde el compromiso de distintos ministerios y servicios, junto con la sociedad civil, otorga sostenibilidad y legitimidad a las acciones implementadas.
Un insumo clave para esta estrategia lo constituye la Encuesta Juventud y Bienestar 2024, aplicada a casi 14 mil estudiantes de segundo medio, cuyos resultados revelan la influencia determinante del entorno familiar, escolar y comunitario en las conductas de consumo. Diseñar políticas públicas que comprendan y actúen sobre estos factores es, por tanto, esencial.
No obstante, el avance logrado no debe traducirse en autocomplacencia. Alcanzar las metas proyectadas exige mantener y fortalecer la voluntad política, asegurar financiamiento sostenido, consolidar la articulación interinstitucional y, sobre todo, mantener una presencia territorial efectiva del Estado.
Las drogas no solo deterioran la salud individual, sino que erosionan el tejido social, dificultan trayectorias educativas y laborales, y profundizan las desigualdades.
La región del Biobío enfrenta este desafío con una hoja de ruta explícita y colaborativa. Lo que se requiere ahora es perseverancia, seguimiento riguroso de los compromisos asumidos y una convicción transversal de que prevenir y rehabilitar no son tareas accesorias, sino actos de justicia social fundamentales para la cohesión y el bienestar de nuestras comunidades.