Una vez más, el denominado caso Quilleco, correspondiente al incendio de dos camiones durante la madrugada del 13 de octubre de 2023, enfrenta un retraso en su tramitación: la audiencia de preparación de juicio oral, fijada originalmente para el 30 de abril de 2025, debió aplazarse al 22 de mayo debido a que la Fiscalía no habría entregado con la debida antelación todos los antecedentes de la carpeta investigativa a la defensa. Esta postergación abre dudas importantes sobre la lentitud con la que avanza el proceso.
En este caso, los acusados fueron detenidos en flagrancia, por su presunta vinculación al hecho. La operación policial permitió una detención casi de inmediato y, al revisar el vehículo en que se desplazaban, se incautaron elementos que los relacionaron directamente con el ataque. Posteriormente, se informó a la opinión pública sobre el hallazgo de pruebas documentales contundentes respecto de la participación de los detenidos, como un cuaderno con croquis del lugar del atentado y las rutas de escape que fue encontrado gracias a diligencias posteriores.
Con esa evidencia cabía esperar un proceso judicial rápido y seguro. Sin embargo, los acusados ya llevan más de un año y medio en prisión preventiva a la espera de juicio, mientras la fase preparatoria sigue estancada.
El Ejecutivo ha hecho lo correcto al querellarse por Ley Antiterrorista en estos casos tan graves, pero ¿qué más se puede hacer para que estos procesos avancen con celeridad y eficacia? Por el bien común, se debe ir más allá de las querellas y propiciar acciones concretas que agilicen la investigación y el enjuiciamiento.
Esto implica, en principio, dotar de recursos y apoyo a las policías y la Fiscalía para mejorar la eficiencia de su labor, pero además asegurar una adecuada coordinación entre las distintas entidades del Estado, encargadas de la inteligencia, el orden y la seguridad y la justicia, por medio de medidas administrativas simples. También, queda abierta la posibilidad de contar con un fiscal especial u otras unidades con dedicación más exclusiva, dada la complejidad y el alto impacto público de esta clase de delitos.
Lo que está en juego no es solo el destino de procesos judiciales particulares, sino la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho y la protección del desarrollo regional. La provincia de Biobío se encuentra en una curva ascendiente de hechos de violencia que requiere intervención, para evitar afectar a trabajadores e inversiones clave para el progreso.
No se debe perder de vista que cuando la justicia tarda en llegar, se debilita su capacidad de disuasión. En cambio, cada paso en la resolución de estos casos reafirma ante la comunidad que el orden jurídico prevalece.