La conmemoración del Día de las Regiones, que se lleva a cabo cada 31 de marzo, es la oportunidad para volver a reflexionar sobre los avances y desafíos del proceso de regionalización en el país. Aunque se han dado pasos significativos en descentralización y desconcentración del poder, persisten brechas estructurales que limitan el desarrollo equitativo de los territorios.
La regionalización sus raíces en la reforma administrativa impulsada a fines de la década de los ‘60. Hasta entonces, el país estaba organizado en provincias, bajo un modelo centralista que dificultaba la toma de decisiones locales. En la reforma de 1974 se reorganizó el territorio en 13 regiones con el objetivo de mejorar la gestión y fomentar el desarrollo local. Sin embargo, este cambio respondió más a criterios administrativos que a una verdadera descentralización del poder político y económico en cuanto no se traspasaron atribuciones y competencias.
En las décadas siguientes, el debate sobre la regionalización giró en torno a la necesidad de otorgar mayor autonomía a las regiones. La creación de los gobiernos regionales y la introducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) fueron avances importantes, pero insuficientes para modificar la dependencia de las decisiones tomadas en Santiago. Un paso fue la reforma de 2009 que estableció la elección directa de consejeros regionales que, si bien apuntó en la dirección correcta, no cambió lo sustancial: la distribución del poder.
El último gran hito fue la elección de gobernadores regionales en 2021, lo que permitió que, por primera vez, los ciudadanos pudieran elegir a sus autoridades locales en vez de depender de la designación presidencial. No obstante, la falta de atribuciones reales y recursos suficientes ha limitado la efectividad de estos nuevos líderes. La coexistencia de los delegados presidenciales, que representan al gobierno central, ha generado tensiones y evidenciado la persistencia de una lógica centralista en la toma de decisiones clave.
La descentralización no solo es una cuestión administrativa, sino también económica. Las regiones deben contar con mayor autonomía en la gestión de sus recursos, permitiendo que la riqueza generada en cada territorio se traduzca en desarrollo local. Actualmente, los impuestos recaudados por actividades productivas de alto impacto, como la minería y la pesca, benefician principalmente al Estado central, mientras que las comunidades que soportan los costos sociales y ambientales ven pocos retornos directos.
Otro tema pendiente es el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gobernanza regional. Las decisiones estratégicas sobre infraestructura, desarrollo productivo y protección ambiental deben incorporar de manera efectiva la voz de las comunidades. La desconcentración del poder implica no solo traspasar competencias a las regiones, sino también garantizar mecanismos para que los ciudadanos incidan en las políticas que afectan su entorno.
Chile sigue avanzando en su proceso de regionalización, pero aún falta mucho para consolidar un modelo descentralizado que permita a cada territorio desarrollarse con autonomía. El desafío es pasar de una descentralización simbólica a una efectiva, donde las regiones tengan efectivamente las herramientas necesarias para impulsar su propio desarrollo, sin depender constantemente de la voluntad de un poder centralizado en la capital.