¿Sexto retiro?

En las últimas semanas, especialmente a través de sus redes sociales, la diputada Pamela Jiles ha insistido en un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales. Desde su espacio en la Cámara Baja, ha sido la más pertinaz promotora de este mecanismo bajo el argumento que lo requieren las personas más vulnerables para sus cubrir sus necesidades más básicas de techo y comida.

La legisladora ha sido persistente en su empeño aunque se le ha argumentado que una propuesta de esa naturaleza  ahora - sería inconstitucional y que solo podría reponerse en abril de 2023, al cumplirse ahí un año que fuera rechazada la alternativa del quinto retiro. Recién en esa ocasión se podría discutir una nueva moción en el Congreso.

Sin embargo, ese no es el único inconveniente de la referida propuesta. Desde una mirada económica, poner en discusión un nuevo retiro es bastante contradictorio considerando las condiciones actuales en materia económica y previsional.

Por el lado económico, no se puede negar el efecto al alza en el nivel de precios que generaron los tres retiros ejecutados entre los años 2020 y 2021. Fueron dichas situaciones las que son responsables, en parte, de tener una inflación a 12 meses de dos dígitos, algo que no se conocía desde principio de los años 90 y que perjudica justamente a los sectores de menores ingresos.

La tendencia al alza está siendo controlada por el Banco Central a través del sucesivo incremento en las tasas de interés. Por lo tanto, introducir nuevamente liquidez a la economía puede retrasar el proceso de disminución de la inflación en nuestro país que, de acuerdo a los especialistas, debiera volver a fines del 2023 a tener niveles aceptables.

Es un hecho cierto que muchas familias están pagando los costos de una crisis económica que aún está en su etapa germinal. Paulatinamente, el desempleo se está incrementando y más y más empresas, en particular del rubro de la construcción, se están declarando en insolvencia debido a que no tienen viabilidad económica.

Sin embargo, la declarada intención de ayudar a las familias más empobrecidas, a través del retiro del 10% de sus fondos de pensiones, se pone en cuestión al saberse que los más favorecidos son quienes tienen empleo y más ingresos. De hecho, la mayor parte de quienes están en esa condición ya no tienen fondos para retirar. Se estima que unos 10 millones de personas podrían sacar los dineros empozados en sus cuentas de ahorro previsional. Otros dos millones, justamente los más necesitados, simplemente no tienen ninguna chance de recibir sus propios recursos.

La acción política exige seriedad. El populismo y la demagogia no pueden ganar terreno, más aún cuando se necesitan poner en marcha acciones que apunten a la reactivación, a través de potenciar el crecimiento económico y generación de puestos de trabajo. Caer en tentaciones facilistas sería muy negativo, con consecuencias que pagaría el país, especialmente los sectores más postergados.