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Editorial

Caso Yumbel


 Por La Tribuna

Desde que las autoridades comunales comenzaron a ser elegidas a través del voto ciudadano, proceso reiniciado desde junio de 1992, nunca en la provincia de Biobío se había registrado un caso en que un alcalde fuera condenado por notable abandono de deberes y. además, fuera inhabilitado por un periodo de tiempo para postularse a cargos públicos.

Aunque hay decenas de casos en que hubo presentaciones de ese tipo en contra de varios jefes comunales, generalmente los tribunales electorales efectivamente terminaban encontrando fallas o errores administrativos pero, después de ordenar que se resolvieran, desestimaban la gravedad de las acusaciones que eran causal de una determinación tan gravosa como la de incumplir y desatender las obligaciones y responsabilidades del jefe comunal.

Sin embargo, lo acontecido con el ahora ex alcalde de Yumbel, Juan Cabezas, sienta un preocupante precedente respecto de lo que representa una conducción errática de un municipio.

Las denuncias de un grupo de concejales yumbelinos ante el Tribunal Electoral Regional (TER) dieron pie a un dictamen fue conocido hace algunos días, el cual deja en evidencia la serie de irregularidades en el uso de los recursos públicos que, además, fueron persistentes. El manejo de la Dirección Comunal de Educación – con un déficit de más de 811 millones de pesos, más otros 50 millones por deudas en servicios básicos-, fue más que desastroso.

Pese a las sanciones de la Superintendencia de Educación por las fallas, el municipio parecía no escarmentar y seguía incurriendo en lo mismo. Al cabo, dejaron de percibir unos 100 millones de pesos por subvenciones no pagadas a manera de multa.

Ni hablar de los pre-informes de la Contraloría que revelaron la total anarquía en la entrega de las ayudas sociales, algunas de las cuales fueron a parar a personas que no lo necesitaban o que derechamente no eran de la comuna. Aunque estos antecedentes fueron desestimados por tener un carácter preliminar, sí dejan al descubierto una

Al cabo, el Tribunal Electoral Regional (TER) señaló, su parte más taxativa, que “el ex alcalde requerido, de una manera inexcusable, clara y reiterada, incumplió con sus obligaciones normativas”. Debido a que no estaba en funciones (Juan Cabezas no fue electo para un segundo periodo), la instancia determinó inhabilitarlo del ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.

Al revisar la información, sorprende que nadie del equipo de confianza del edil fuera capaz de advertir de la gravedad de los problemas en educación. Tampoco que no arbitrara por soluciones definitivas para evitar incurrir en esas prácticas. Hubo desidia inexcusable, clara y reiterada, como señala el informe del TERE.

También es importante.

El caso Yumbel debe ser una voz de alerta sobre lo que debe ser la correcta labor en la administración y conducción de los municipios, especialmente por el fundamental rol de los jefes comunales en el destino de los habitantes que representan. Es importante relevar también el rol de los concejales como fiscalizadores de las acciones del alcalde y también de la propia comunidad en evitar actuaciones que solo los terminan perjudicando.


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