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Proyecto de Reforma Tributaria

por La Tribuna

Diversas reacciones e interpretaciones de distintos sectores, ha generado la propuesta de Reforma Tributaria presentada por el Ejecutivo al Congreso Nacional el viernes 1 de julio.

De acuerdo a lo detallado por fuentes gubernamentales, el propósito de la iniciativa es promover el desarrollo del país y financiar responsablemente reformas estructurales, la ampliación de derechos sociales como salud y pensiones, así como apoyar la diversificación productiva de Chile.

Esto fue refrendado por el propio Presidente Gabriel Boric, quien en el acto de presentación organizado en el Palacio de La Moneda, subrayó que esta reforma es a favor de una mayor equidad, mayor cohesión social y no es en contra de nadie. Es para una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos y que nos va a permitir derechos sociales.

En concreto, son cuatro los proyectos de ley que darán sustento a esta reforma. Dos se presentarán al Congreso durante este mes, mientras que las restantes iniciativas se concretarán en el cuarto trimestre. Las dos primeras propuestas incorporan cambios al Impuesto a la Renta, un Impuesto a la riqueza, limita exenciones e introduce medidas contra la elusión y evasión fiscal. El segundo paquete de medidas corresponde a las indicaciones que se introducirán al proyecto de ley sobre royalty minero que se tramita actualmente en el Senado.

De acuerdo a lo expresado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mediante la Reforma Tributaria se estima que la recaudación neta llegará a un 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de 4 años.

Sin duda, esta proyección es auspiciosa y a simple vista pareciera ser la respuesta a muchas y urgentes necesidades en materia de desarrollo social y productivo. No obstante, el incremento de recursos que se busca lograr es indudablemente altísimo y complejo de alcanzar, más aún en un escenario económico adverso, que necesariamente debe morigerar las expectativas.

Paralelamente, se plantean legítimas dudas respecto a la falta de incentivos a la inversión y el crecimiento que la reforma podría producir, con eventuales limitaciones al emprendimiento privado y la inversión extranjera.

Aunque algunos defienden la propuesta asegurando que el mayor aporte correrá por cuenta de quienes tienen más ingresos, lo cierto es que la discusión que ahora se producirá en el Congreso debiera centrarse en un análisis amplio y objetivo, libre de intereses partidistas, que incluya la opinión de expertos y que escuche a la ciudadanía. De eso se trata.

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