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Editorial

Deudores de alimentos


 Por La Tribuna

En esta semana, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto a otras autoridades, ingresaron al Senado un proyecto de Ley de Responsabilidad Parental cuyo fin es generar un mecanismo de pago permanente de la deuda por pensión de alimentos, además de mejorar el acceso a la información financiera de los morosos, a través de un proceso encabezado por los criterios de justicia y dignidad.

La iniciativa apunta a establecer que si hay retrasos de tres meses consecutivos o de cinco meses de pagos parciales en el pago de esa obligación de parte del progenitor o progenitora, su representante legal podrá solicitar al tribunal que ordene que estos recursos se obtengan, a través de los fondos que tenga el deudor en sus cuentas bancarias u otra herramienta de inversión.

Una vez solicitado el pago de la deuda, el tribunal iniciará una investigación sobre el patrimonio del deudor. Podrá revisar a través de los sistemas de interconexión que mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros servicios del Estado que estime pertinente, las cuentas bancarias y/o los instrumentos de inversión que el deudor mantenga en las instituciones bancarias y financieras. Una vez obtenida la información, el tribunal deberá ordenar el pago de la deuda liquidada en un plazo de 24 horas.

Incluso, en el caso que no existan fondos en tales instrumentos o estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, se podrán cobrar desde los fondos de capitalización individual.

En nuestro país, las pensiones de alimentos son un derecho hasta los 21 años, y 28 en caso de que cursen la educación superior.

Este pago, que se recibe del padre o madre que no tiene su cuidado personal o tuición, también se puede extender más allá de esa edad si el hijo o hija tiene alguna condición que le impida subsistir por sí mismo.

De acuerdo con datos del Poder Judicial, 84% de las pensiones de alimentos en Chile se encuentran impagas y nueve de 10 demandas presentadas en tribunales son contra hombres.

Según la Superintendencia de Pensiones, hasta el 4 de febrero de 2022, los tribunales de familia autorizaron 620.713 liquidaciones por deudas de alimentos, de las cuales se han pagado 577.553, con un monto promedio de $ 1.068.202 por liquidación.

La ley 14.908, que contempla el pago de pensiones de alimentos, establece que las sanciones para quienes incumplan con estos dineros incluyen la orden de arraigo, el arresto nocturno, la retención de impuestos y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses.

La propuesta legislativa se suma a la instaurada en noviembre del año pasado que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, que obliga a pagar las pensiones adeudadas con sanciones de carácter patrimonial y comercial. Por ejemplo, si una persona inscrita en este registro solicita un crédito hipotecario por una suma igual o superior a 50 UF, ese dinero se retendrá por parte de la entidad financiera para pagar la deuda.

Además, la persona deudora no pondrá renovar sus licencias de conducir ni pasaportes, no podrá recibir beneficios económicos públicos y estarán obligados a realizar una Declaración de Intereses y Patrimonio. El no pago de estos dineros será considerado como delito de violencia intrafamiliar.

Al cabo, el legislador se hace cargo de una realidad que se mantuvo por demasiado tiempo en la trastienda del debate público. Porque, al cabo, no se trata de un acto de justicia para miles de hijos e hijas a quienes simplemente no se les pagan estos recursos.

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