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 Por Juvenal Rivera

En el sitio web de la Policía de Investigaciones (PDI), las fotos con los rostros de Juan Diego Aguayo Díaz y Karen Elizabeth Sepúlveda Venegas forman parte del centenar de imágenes de personas desaparecidas desde 1994 hasta la fecha.

Él trabajaba y estudiaba en la ciudad de Copiapó pero ese 1 de agosto de 2014 estaba de visita en Los Angeles, en la casa de sus familiares. Cerca de las 13 horas tomó su mochila, dijo que iría a comprar algo al centro y que llegaría temprano. Sin embargo, desde ahí, no volvió a ser visto.

Ella, que tenía residencia en la capital provincial, el 24 de enero 2019 viajó hasta el sector de Las Chilcas, en el parque nacional Laguna del Laja, al interior de la comuna de Antuco. Iba a reunirse con un grupo de emprendedores pero nunca llegó a la cita.

En ambos casos, que han tenido repercusión mediática, se han realizado operativos de búsqueda que, a la postre, han terminado siendo infructuosos.

Ambos casos dan cuenta de una realidad que, de cuando en cuando, estremece a la opinión pública y que tiene que ver con aquellas personas que desaparecen sin dejar rastro alguno de su paradero o ubicación final.

Durante todo este tiempo de incertidumbre, las familias de estas personas han estado sumidas en la más profunda de las tristezas debido a esa humana necesidad de saber el destino final de su ser querido y de tenerles un espacio determinado donde hacer el ejercicio de recordación.

El lunes pasado se cumplieron tres años desde que se perdió todo rastro de Karen Sepúlveda. Sus parientes y conocidos hicieron un acto de recordación en la plaza de armas de la comuna de Quilleco para pedir que su caso no quede en el olvido y se puedan retomar las labores de búsqueda.

Haciendo un recuento en el tiempo, muchas veces ha sido el empeño familiar el que ha permitido mantener el interés de las autoridades y organismos especializados en la búsqueda de las personas perdidas. Fue, por ejemplo, la incansable labor desarrollada por la familia de Jorge Matute Jonhs que permitió ubicar sus restos mortales, aunque sin tener claridad acerca de las circunstancias que terminaron con su vida.

Más reciente es el caso del niño Tomás Bravo, de cuatro años, extraviado durante varios días en una zona rural de la provincia de Biobío, donde hubo un despliegue de recursos humanos y logísticos de primer nivel para dar con su paradero. También fue ubicado su cadáver pero aún se mantiene en la nebulosa lo que sucedió con aquel infante, cuyo caso causó profunda conmoción a nivel nacional e internacional.

Precisamente la forma en que se llevó la búsqueda debiera ser el punto de partida para cualquier operativo de esa naturaleza. En el caso reciente del menor de Arauco, no solo fueron decenas de personas en esa tarea, sino que se empleó moderna tecnología, como drones y satélites, para tratar de dar con el pequeño.

Si bien se trata del desembolso importante de recursos, la tranquilidad de una familia no tiene precio, más aún cuando se trata de un ser querido. Quizás los casos reseñados al principio pudieron haberse aclarado si se hubiese tenido a mano ese tipo de apoyos para ubicar a personas extraviadas. Ciertamente que ese debe ser el estándar para labores de búsqueda y no la presión que puedan ejercer las familias del desaparecido.

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