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Editorial

Brecha digital


 Por La Tribuna

Es paradojal que mientras se habla de la implementación de la tecnología del 5G en las principales urbes del país como parte de la masificación del servicio, haya vastos sectores rurales a lo largo del territorio nacional que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer una llamada telefónica, mucho menos de conectarse a internet.

Se asegura que el 5G será una nueva revolución digital que impactará, desde los más diversos puntos de vista en los ámbitos público y privado, en mejorar la calidad de vida de las personas y el tiempo dedicado al trabajo.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, en decenas de territorios campesinos, los pomposos anuncios de las bondades de la tecnología que ya comenzó a implementarse, no dejan de ser simples promesas vacías de realidad.

Es que el acceso a las tecnologías de la información deja al descubierto esa brutal inequidad que, como suele suceder, afecta a los sectores más desfavorecidos, en este caso, las zonas rurales.

En los últimos meses, hemos dedicado varias publicaciones a mostrar los problemas de conexión a internet en varios sectores, algunos de los cuales están a muy escasa distancia de los centros poblados. Es que contar con este servicio adquirió una importancia mayor en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Las clases y el trabajo se debieron canalizar a través de monitores y pantallas de teléfonos mientras se ordenada el confinamiento forzoso. Ni hablar si se trata de avisar de situaciones de emergencia a los equipos de socorro, como bomberos o ambulancias porque se debe salir a “buscar señal”.

Además de lo que representaba el tener que pagar por una conexión, para las áreas campesinas, especialmente las más apartadas, semejante esfuerzo económico no sirve nada si simplemente no existe la alternativa de acceder.

En ese marco, se valora el esfuerzo de un grupo de residentes de los Saltos del Laja que, con el apoyo de autoridades locales y regionales, conformaron una mesa de trabajo para buscar maneras de resolver el problema de conectividad de telefonía celular e internet en ese concurrido punto de la provincia de Biobío.

Es que en esa zona estuvieron casi dos meses sin ese servicio, hecho que obligó a gestionar apoyos a nivel político para resolver semejante dificultad, lo que derivó en la formación de la referida mesa de trabajo que buscará identificar aquellos sectores con mayores dificultades para que se viabilice alguna alternativa de solución.

Ciertamente que parte del problema es que las empresas responsables del servicio, por razones estrictamente económicas, evitan invertir en zonas que no son atractivas desde el punto de vista comercial.

Sin embargo, ahí el Estado debiera jugar un rol fundamental para reducir esta brecha digital que solo propende a generar condiciones de mayor desigualdad e inequidad.

Una buena señal es que la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó una moción en ese mismo sentido que ahora deberá ser votada en la sala para seguir su trámite legislativo. Pese a lo anterior, se necesita una acción más resuelta de parte de los organismos públicos para la revolución tecnológica no sea una simple ilusión para los habitantes de las zonas campesinas.

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