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Editorial

Participación femenina


 Por La Tribuna

Estamos al debe. Aunque la Convención Constitucional incorporó la paridad de género como premisa fundamental para la composición de sus integrantes, lo cierto es que lo hecho en ese cuerpo colegiado en torno a la participación de la mujer en las esferas de decisión, es un espejismo que aún está muy lejos ser una realidad palpable en los distintos estamentos de esa naturaleza, ya sea a nivel público o privado.

Es que si hubo algo que volvió a reflejarse en la conformación de las listas de postulantes para las elecciones generales de este domingo 21 de noviembre es que el género femenino aún está en una condición desmedrada.

La ley de cuotas de hace algunos años, que obliga a que a lo menos el 40% de los postulantes sea de un género distinto (no necesariamente femenino), se cumple muy a duras penas. Incluso, se ha convertido más que en un atributo positivo, en una dificultad de los partidos políticos para conformar sus listas de candidatos a los distintos cargos de elección popular debido a la “obligación” de incorporar a mujeres.

De hecho, en la revisión de los datos regionales, distritales y provinciales de participación femenina para los comicios del domingo, se observa que solo un 30,6% de las postulaciones corresponde a mujeres. Mejora un poco en las aspirantes a las Cámaras Alta y Baja (34,7% y 34,3%, respectivamente), la cifra cae dramáticamente en las consejerías regionales: solo un 29% de participación femenina.

Ni hablar de la elección presidencial en que ni en las primarias ni en esta primera vuelta presidencial del domingo hubo un esfuerzo por potenciar candidaturas de mujeres. Solo una aspirante a la Primera Magistratura ha habido en todo este proceso que se inició en junio pasado.

A contrapelo de las declaraciones de principios y estatutos de los partidos políticos de todo signo que aseguran el rol fundamental de la mujer en la toma de decisiones, lo cierto es que aquello no se refleja en los hechos.

Por más que las colectividades creen áreas de la mujer y se declare una y mil veces “la firme y decidida voluntad” de involucrarlas en las esferas de decisión mayor, no hay correspondencia con la práctica. Muy poco para todo lo que se afirma en público pero no se lleva a cabo en privado.

Las mujeres tienen barreras de entrada a la política que los hombres no tienen. A modo de ejemplo, se da por hecho que el cuidado de los niños es un asunto de género y que la mujer debe hacerse cargo (recién ahora se está hablando de co-responsabilidad parental), ciertamente que limita las posibilidades de tener tiempo para dedicarse a esta actividad. Sin contar con los “ninguneos” acendrados en siglos y siglos en que el machismo campeó sin contrapeso alguno.

Las próximas elecciones generales – gobernadores regionales, alcaldes y concejales – serán en tres años, plazo más que suficiente para profundizar la participación femenina en la política. Si la conformación de la Convención Constitucional marcó un camino, es menester perseverar en esa línea. No puede ser de otra manera. Al cabo, es un simple acto de justicia.

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