12 de octubre

La incorporación de los escaños reservados en la Convención Constitucional ha sido uno de los hitos más relevantes desde que el Acuerdo por la Paz, derivado del Estallido Social de octubre, desencadenara el actual proceso de elaboración de una nueva Carta Magna.

Sin embargo, tal como sucedió con la paridad de género, no fue un  proceso fácil. Hubo varios sectores políticos que vieron con desconfianza y escepticismo que los pueblos originarios más representativos del país tuvieran un espacio asegurado dentro de dicho cuerpo colegiado.

Al cabo, primó el sentido de otorgar una participación efectiva a los pueblos originarios, como un acto de justicia y de reconocimiento explícito de su rol en nuestra historia y también de lo que será la construcción del país, a partir de la elaboración de la nueva Constitución que regirá los destinos del país en las próximas décadas.

Este hecho, a propósito de que este martes se conmemoró nuevo aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, es la demostración de los avances logrados en beneficio de las etnias existentes antes de la llegada de los conquistadores españoles.

A principio de los años 90, no había nada desde el punto de vista normativo que hiciera un mínimo de justicia a los pueblos originarios. Sin embargo, el Pacto de Nueva Imperial de 1989 suscrito por el entonces candidato presidencial de la Concertación, Patricio Aylwin, con los representantes de los pueblos indígenas atacameños, aymara, rapanui y mapuche, sirvió de base para que con arribo de la democracia se avanzara en esa línea. Dicho pacto tomó forma concreta en la Ley 19.253, de los Pueblos Indígenas en Chile que sentó las bases para una nueva institucional, cuya principal de referencia fue la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que buscó canalizar históricas demandas de tierras y de reconocimiento cultural.

Lo anterior se vio fortalecido a principios del siglo cuando el Presidente Ricardo Lagos convocó a la formación de una Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, cuyo informe aborda la deuda histórica de Chile con sus culturas originarias, además de formular nuevas políticas públicas destinadas a relevar a los pueblos ancestrales en el devenir político, social y cultural del país.

Sin embargo, los avances de la sociedad han implicado nuevos desafíos que la institucionalidad creada en aquellos años ha sido incapaz de canalizar de buena forma, lo que se refleja con el ambiente de profunda crispación y divergencia en la Macrozona sur.

Que este 12 de octubre sea la ocasión para revisar lo hecho, aquilatar los progresos y reformular las materias pendientes que así ayuden a resolver las reivindicaciones de los pueblos originarios, tomando como punto de partida el necesario diálogo entre las partes, el mismo que será fundamental para aislar y deje sin sustento a los grupos violentistas.

En lo hecho en la Convención Constitucional no solo se está perfilando lo que será el país en las décadas siguientes, sino que también se está trazando un camino de participación efectiva y real de los pueblos originarios en la toma de decisiones para sí mismos y para el país.