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Editorial

Caja de Pandora


 Por La Tribuna

La gigantesca filtración de documentos que dejan al descubierto muchos de los secretos de las elites multimillonarias en paraísos fiscales, conocidos como Pandora Papers, salpican de manera directa al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y a su familia.

La revelación del contrato y las particulares condiciones en que fue suscrito en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes para la venta a su mejor amigo, Carlos Délano, de su participación en la minera Dominga, que fue aprobada hace poco tiempo en medio de profundos cuestionamientos por su impacto ambiental, ha redoblado las críticas al mandatario por el involucramiento en sus negocios, pese a detentar la administración del país.

Se han anunciado indagaciones en la fiscalía y comisiones investigadoras e, incluso, un grupo de legisladores ha esbozado la posibilidad de una acusación constitucional, mientras que Sebastián Piñera se defiende, argumentando que él no estaba al tanto de dichas acciones debido a que sus negocios estaban en un fideicomiso ciego.

Mientras se sucede la guerrilla de declaraciones en los últimos días y a la par de liberarse más antecedentes sobre el manejo de los negocios del Presidente, hay que aplicar el ejercicio de la memoria.

Sebastián Piñera está considerado dentro del selecto grupo de las mayores fortunas en el mundo, según los rankings especializados. Y por lo mismo, cuestionado incluso por su mismo sector político, desde antes que asumiera por primera vez como Jefe de Estado, por su demora en aplicar acciones y mecanismos que lo dejaran fuera de sus negocios.

Aunque él mismo se ha aplicado estándares incluso superiores a los exigidos por la ley ad hoc, lo cierto es que la vastedad de su fortuna vuelve a dejarlo al descubierto en negocios realizados en paraísos fiscales por medio de sociedades off shore.  

Su caso no es el único. La indagación en los 11,9 millones de documentos de los Pandora Papers, en un ejemplo de colaboración periodística sin precedentes, deja al descubierto a 35 líderes de gobiernos actuales y pasados que aparecen implicados en este tipo de opacas maniobras. Además del caso chileno, los jefes de Estado de Ecuador y República Dominicana están en la misma condición. Otros once mandatarios que ya no están en sus cargos también aparecen citados en dichos documentos en acciones que son cuestionables.

El ejercicio de la actividad pública hace exigible los máximos estándares en materia de transparencia y probidad. En ese marco, el cumplimiento de dicha función – más aún cuando se trata de un cargo de la ya muy desprestigiada clase política– obliga a construir un infranqueable muro entre la cuestión pública y los negocios para evitar este tipo de acciones u otras de mayor gravedad que puedan cometerse. No existe otra manera.

Lo descubierto vuelve a poner en el tapete de la discusión pública la urgencia de las responsabilidades sociales y la gravedad de cuando se cometen acciones que pueden ser delitos o, en su defecto, éticamente reprochables.

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