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Editorial

Participación ciudadana


 Por La Tribuna

La participación de ciudadanía es un elemento fundamental para la vida democrática. El involucramiento de las personas en la actividad pública y en el control de la acción de sus autoridades y representantes es esencial para que la democracia sea sólida e inclusiva. De lo contrario, el riesgo de erosionar esta forma de convivencia en sociedad está a la vuelta de la esquina y se debe ser particularmente celoso en su resguardo y mejoramiento.

Por lo mismo, su funcionamiento requiere necesariamente del ejercicio de derechos, en la medida en que estos sustentan tanto los mecanismos de representación y competencia por el poder (elecciones) como las instancias de deliberación y participación en la toma de decisiones.

Una de las formas de participación ciudadana más sustantivas y cruciales de una democracia representativa es y seguirá siendo la participación electoral, pues permite dotar de legitimidad y estabilidad al sistema político, y a la vez, otorga igualdad de oportunidades de expresión política. Con todas sus imperfecciones, hasta ahora ha demostrado ser la mejor manera de asegurar el funcionamiento de las sociedades.

Por lo mismo, el derecho universal al sufragio es un elemento constitutivo del sistema democrático: toda democracia requiere de la realización de elecciones libres y competitivas. Es más, este derecho está consagrado en la Declaración Universal de Derechos

Humanos y es profundizado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La construcción de sociedades e instituciones más justas, pacíficas e inclusivas, que aseguren a todo nivel procesos de toma de decisión participativos y que respondan a las demandas de la ciudadanía, está radicada en esta forma de participación sociedad.

A raíz del inicio formal de las campañas políticas para las elecciones de noviembre, es un imperativo poner el foco en la participación en los comicios, como una condición necesaria para darle sustento al proceso democrático.

En las últimas elecciones, el nivel de participación en las votaciones frisó el 30%. Es decir, dos de cada tres personas tomaron la decisión de no emitir su preferencia entre la variedad de alternativas disponibles. Pese a tener un abanico de opciones, esos ciudadanos simplemente se restaron de hacerlo.

Las razones pueden ser muchas. Mientras avanza su tramitación legislativa el proyecto de ley que restablece el voto obligatorio, no debe ser una norma la que fuerce a cumplir con este deber de todo ciudadano.

Es la propia comprensión de que así y no de otra manera se puede construir un mejor país, se puede avanzar hacia una sociedad mejor, para todos, más justa e inclusiva. Si bien el sistema democrático tal cual como está concebido es absolutamente perfectible, lo existente es un muy punto de inicio para profundizar la democracia.

Se han vivido periodos de quiebres democráticos cuyas consecuencias han sido terribles para nuestra sociedad, con heridas que aún no han cicatrizado debido a su profundidad y extensión. Participar es un imperativo, no una opción.

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