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Editorial

Emergencia agrícola


 Por La Tribuna

No resultaba comprensible la demora en la promulgación del decreto de emergencia agrícola por déficit hídrico para las 33 comunas de nuestra región del Biobío. Dos semanas atrás, las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule pasaron a estar bajo esa condición, sumándose a la de Los Lagos que se encuentra con dicha categoría desde abril.

El anuncio fue hecho en la jornada de este martes por la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien estuvo en las regiones del Biobío y de Ñuble para comunicar dicha determinación a las autoridades locales y a los representantes de los gremios productivos.

La secretaria de Estado reiteró las afirmaciones de hace 15 días cuando anunció las regiones que se sumaban a dicha contingencia, ocasión en que comunicó la creación de un fondo nacional de 8 mil millones de pesos para la emergencia propiamente. Además, reseñó de los otros 100 mil millones en apoyos de instrumentos específicos que tienen disponibles la Comisión Nacional de Riego (CNR), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y del Ministerio de Ciencias para avanzar en investigación, innovación y conocimiento sobre esta temática.

La particularidad del decreto de emergencia agrícola por déficit hídrico es que agiliza la trama burocrática para financiar las iniciativas que ayuden a mitigar o contener los efectos de la falta de agua.

Los datos son elocuentes. Ha llovido menos de la mitad de lo que precipita en un año normal. La nieve acumulada en las montañas está en sus niveles más bajos desde que se iniciaron las mediciones.

El panorama no se observa nada de halagüeño y probablemente esta condición sea la normalidad para los años que se avecinan. Por lo mismo, estas ayudas para enfrentar la emergencia, si bien apuntan en un sentido correcto, ciertamente que deben considerarse dentro de una política de Estado que tome en cuenta esta nueva realidad, tanto desde el punto de vista del recurso para las personas como para sostener las actividades productivas.

Debe ser una instancia supraministerial que cuente con el financiamiento necesario y un plan de acciones específicas que considere las distintas realidades de nuestra extensa franja de tierra para propiciar un uso racional del recurso hídrico.

El punto es que eventualmente se puede tener un año con una pluviometría “normal”, pero sería una situación excepcional dentro de las oscilaciones ocasionadas por el cambio climático. Por lo mismo, no se debe perder la perspectiva que al ser un problema estructural, debe ser en el contexto de una política de Estado que responda con prontitud a las situaciones ocasionadas por la previsible menor disponibilidad del recurso.

En este proceso, los municipios también pueden ser un aporte por ser el primer lugar en que los afectados acuden cuando sufren las consecuencias de la falta de agua. Estas medidas inmediatas deben complementarse con otras de mediano y largo plazo que buscan adaptarse a una situación que ya no es una emergencia puntual, sino que se ha convertido en una realidad estructural debido al cambio climático.

Se necesita avanzar en este proceso. No se debe esperar a tener las mediciones pluviométricas a la vista para actuar frente al gigantesco desafío que implica la escasez hídrica. 

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